En concreto, González Tovar declaró la semana pasada que el Cristo de Monteagudo "forma parte de la historia de Murcia" y tachó, como murciano, de "dislate" que se asegure que la estatua "molesta, cuando está totalmente integrada dentro del paisaje y la vida normal del Valle". Asimismo, añadió que "la lucha por la laicidad y separar lo religioso de la vida pública no va por ahí, sino por tomar otras medidas que respeten todas las creencias y religiones", y señaló que hacer una polémica sobre el santo de Monteagudo "tiene probablemente unos intereses que va más allá de la propia defensa de la laicidad".

En este sentido, Mazón ha cursado una denuncia por fax y por correo electrónico al Ministerio del Interior en la que pide la apertura de un expediente a González Tovar porque sus declaraciones como representante del Estado en una Comunidad Autónoma sobre la reclamación judicial "presentada por un grupo de ciudadanos murcianos, es un atentado contra las obligaciones de su cargo", según el abogado.

Al respecto, Mazón acusó al delegado de haber "confundido la condición de militante socialista que busca el interés de su grupo con las obligaciones institucionales que están totalmente en contra de eso". Además, Mazón anunció que está estudiando una acción judicial contra el delegado del Gobierno a nivel personal.

Y es que, en su opinión, el delegado le causa un "perjuicio" con su actitud, ya que "primero ha increpado a la masa haciendo eso, en segundo lugar ha incumplido su obligación y, en tercer lugar, me ha dejado desprotegido, y he recibido amenazas de muerte en las paredes y en Internet, con mensajes".

Al respecto, criticó que la Delegación no le ha mandado "ninguna policía para protegerme, como dice González Tovar", aunque consideró "posible" que "haya mandado, como yo le pedí a la Policía, algún coche a vigilar mi despacho durante las horas de la concentración" que se produjo el sábado en defensa del Cristo.

En cuanto a las declaraciones de otros dirigentes políticos, Mazón dijo que "son representantes de la Comunidad Autónoma o representantes de ayuntamientos", lo que consideró "la parte bananera", pero criticó que un representante del Estado "eso no lo puede dejar pasar".

"El delegado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, y lo que tenía que haber hecho, en todo caso, es decir que se trata del ejercicio de un grupo de abogados en los tribunales que merece su protección", defendió.

Sin embargo, Mazón atribuyó las declaraciones del delegado el objetivo de "atentar contra la independencia de los tribunales de justicia", algo que consideró "insólito". "Sus manifestaciones son contra el principio de imparcialidad de los tribunales de justicia, intentan presionar a los tribunales de justicia para que no hagan justicia o para influir en la sentencia", opinó.

Patrón de los abogados

Además, Mazón se refirió al recurso interpuesto para exigir que San Raimundo de Peñafort deje de ser considerado patrón de los abogados, algo que, según recordó, es algo que comenzó "hace tiempo haciendo una reclamación".

"Es una cruzada personal de un grupo de abogados porque España no es católica, sino que es un Estado laico aconfesional, y necesitamos que esa declaración constitucional se corresponda con los hechos", justificó Mazón.

Así, consideró que la Ley "no se cumple porque desagradan a un grupo sociológicamente que tradicionalmente ha llevado las riendas de los regímenes políticos dictatoriales que se han sucedido en España a lo largo de muchos siglos", pero entonces, criticó, "no estamos en una democracia, entonces es un simulacro".

En cuanto al inicio de otras actuaciones, Mazón explicó que, de momento, el grupo de juristas en el que se encuentra integrado "va bien servido con estas reivindicaciones, porque no somos un grupo numeroso y somos muy selectivos".