Gürtel- PPCV dice que el auto "deja claro" que no hay aforados valencianos implicados y pide la dimisión de Alarte

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, aseguró hoy que el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la querella presentada por el PSPV "deja claro que no hay ningún aforado valenciano implicado en ninguna trama, porque el tribunal competente en ese caso sería el TSJCV". Además, pidió la dimisión del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, como "autor intelectual" de la querella.

Clemente compareció con el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, se pronunció de esta manera en rueda de prensa en relación a la decisión del TSJCV de no asumir la competencia para conocer la querella interpuesta por el PSPV contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otras 17 personas —entre ellas altos cargos del Consell y del PPCV y empresarios— en relación con el 'caso Gürtel'. Al respecto, afirmó que el auto es "absolutamente claro que rechaza conocer la querella presentada por el PSPV" y "no incluye ningún matiz"

Por su parte, Blasco apuntó que según el TSJCV, no había "ninguna base para seguir el procedimiento" y, aunque señaló que no conoce el auto con profundidad, insistió en el TSJCV "no ha encontrado ningún argumento válido para seguir la estela por la que el PSPV quería inculpar a dirigentes del PP" y eso tiene una "responsabilidad política", además de demostrar el "fracaso" de sus acciones, apostilló.

Clemente recalcó que al margen de las consideraciones "que interesadamente puedan realizar algunos" sobre los hechos y delitos investigados por el TSJM, el auto reconoce que el Alto Tribunal valenciano "puede practicar las diligencias que estime oportunas siempre y cuando no afecten a ningún aforado de la Comunitat Valenciana". Con esta declaración "se deja claro" que si hubiera algún aforado, entonces el TSCJV "sería competente".

El secretario general del PPCV señaló así que el PSPV "ha fracasado" en su intento de "judicializar la vida política valenciana", de "parar a la Comunitat Valenciana y a sus dirigentes" y se han rechazado sus "falsas acusaciones". Asimismo, la declaración del TSJCV "condena" su estrategia "contra personas inocentes" con la intención de "hacer daño y poner en duda su honradez", aseveró.

En esta línea, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que este "varapalo judicial" coloca al PSPV "delante de su propia miseria" y resulta un "insulto" para su electorado tener unos responsables "tan mentirosos". Por ello, insistió en que si tuvieran "un mínimo de dignidad política tendrían que presentar su dimisión de forma inmediata".

"España probablemente no tendría tantos problemas si hoy el partido socialista dedicara sus energías a solucionar las grandes cuestiones de Estado y no a perseguir importantes empresarios de la Comunitat y a dirigentes del PP", apostilló Clemente.

"distinguir lo fundamental de lo accesorio"

A preguntas de los medios sobre el auto, ambos dirigentes 'populares' insistieron en que no conocen "con profundidad" el texto del TSJCV y que la intención de esta intervención es para "hacer una primera valoración política".

Ante la insistencia de los perioditas para conocer la valoración de los dirigentes 'populares' sobre aspectos del auto, Blasco señaló que existe una "tendencia a no distinguir lo fundamental de lo accesorio" y "lo fundamental" es que ha habido una querella del PSPV contra responsables del PP y de la Generalitat y un sector del empresariado valenciano, a la que el TSJCV ha dicho que "no tenía ninguna base para continuar el procedimiento".

Por ello, exigió que se atienda a la responsabilidad política de estas acciones, "independientemente de las jurídicas y legales que se sustanciarán en el momento oportuno". Al respecto, se mostró convencido de que "ningún dirigente del PP tiene ninguna responsabilidad de carácter judicial en ningún tribunal".

Para Blasco, "no es compatible con un Estado de Derecho dirigentes tan irresponsables que son capaces de llevar, con acusaciones falsas, a situaciones conflictivas desde el punto de vista institucional y de poner en peligro la credibilidad de instituciones valencianas".

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