Un total de sesenta y tres empresas se declararon en concurso de acreedores en 2009 en Cantabria, lo que supone tres veces más que en el ejercicio anterior, cuando quebraron 19 sociedades, según un informe elaborado por CC.OO. de Cantabria a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

La mayoría de las empresas que suspendieron pagos el pasado año pertenecía al sector de la construcción, tenía más de diez trabajadores y una facturación inferior a los dos millones de euros, según explicó en un comunicado el secretario de Acción Sindical de CC.OO. y responsable del estudio, Javier Diego Cayón.

Así, Diego precisó que durante 2009 se declararon en suspensión de pagos dieciséis personas físicas sin actividad empresarial y 63 empresas, de las que tres eran autónomos, ocho sociedades anónimas y las cincuenta y dos restantes de responsabilidad limitada.

Del total de empresas, 24 pertenecían a la construcción (la mitad de ellas de promoción inmobiliaria), 16 al sector industrial y 11 al de bienes intermedios.

Asimismo, el informe de CC.OO. refleja que dos empresas eran inmobiliarias financieras y de seguros, otras dos se dedicaban a actividades administrativas y servicios auxiliares. Además, se declararon en concurso de acreedores dos empresas de información y comunicaciones, una de hostelería, dos de transporte y almacenamiento, una de comercio al por menor y vehículos y siete de comercio al por mayor.

Trabajadores afectados

En cuanto al número de trabajadores afectados, el estudio destaca que más de la mitad de las empresas tenía de diez a más de cien trabajadores.

En concreto, la plantilla de catorce de estas empresas estaba integrada por entre 10 y 19 empleados; quince contaban con entre 20 y 49 trabajadores; tres tenían entre 50 y 99, y otras tres más de un centenar de empleados.

Asimismo, otras doce empresas tenían una plantilla de seis a nueve trabajadores; seis, entre 3 y 5; y tres, entre uno y dos empleados.

Por volumen de negocio, el informe constata que 46 de las 63 empresas que se declararon en concurso de acreedores, lo que representa el 73 por ciento del total, tenía un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros, mientras que seis facturaron entre dos y cinco millones, otras seis, de cinco a diez; y dos firmas más de diez millones de euros.

Ante estos datos, el secretario de Acción Sindical de CC.OO. abogó por una reforma de la Ley Concursal que haga "más efectiva" la tutela de los derechos laborales de los trabajadores, asegure de forma "más eficaz" la pervivencia de la empresa, así como una "más justa" distribución de los costes del concurso.

Así, Diego explicó que si bien en un principio esta Ley, en vigor desde 2004, supuso "un cambio positivo" en el tratamiento de la insolvencia en España, al desaparecer la suspensión de pagos y la quiebra e instaurar el concurso de acreedores, la actual crisis económica ha demostrado que a quien "más perjudica" es a los trabajadores.

"Entonces eran buenos tiempos económicos y muchos procesos concursales se resolvían por la vía de la compra o absorción de las instalaciones por parte de una nueva empresa, negociando el mantenimiento del empleo", señaló Diego, pero ahora, cuando el número de procesos concursales "se ha disparado" y sólo durante el último trimestre del año pasado 17 empresas y siete personas físicas se declararon en concurso de acreedores, los más perjudicados, especialmente desde el desencadenamiento de la crisis, son los trabajadores, subrayó.

Entre los "males" que se ven obligados a soportar los trabajadores afectados, Diego aludió a la notable inseguridad jurídica, los retrasos considerables en resolver sus situación y las enormes demoras en la adopción de las decisiones que son decisivas para garantizar el sustento de sus necesidades personales y familiares en asuntos como el acceso a la protección por desempleo o la búsqueda de un nuevo empleo.

Por todo ello, insistió en la necesidad de abordar de manera "inmediata" una reforma de la Ley Concursal que, a su entender, debería contener como aspectos más relevantes el reconocimiento de la legitimación del sindicato para intervenir en el proceso concursal, la intervención de los representantes de los trabajadores en la designación de los administradores, la ejecución de los créditos laborales, o la asunción de las competencias para poder acordar la modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo, entre otras medidas.

Finalmente, y tras plantear la posibilidad de que también se pueda reclamar "contra empresas no incluidas en el concurso cantidades adeudadas por salarios e indemnizaciones", Diego demandó un "mayor" papel de la autoridad laboral y de los juzgados de lo Social en cuanto a la resolución de los expedientes de regulación de empleo, ya que estos dos organismos tienen una "mayor sensibilidad" hacia los trabajadores, concluyó.