La vista ya fue aplazada el pasado mes de septiembre, después de que los letrados de los asaltantes solicitaran que la causa se celebrara por el procedimiento de jurado, petición que luego fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El asalto a la casa de Canals (Valencia) se produjo el pasado 4 de enero de 2006, cuando Francisco Ramírez, casado con la hija del fundador de la empresa textil Ferry's, se encontraba junto a su mujer en el interior de su chalé.

Sobre las 20.00 horas, un total de 10 hombres, de nacionalidad colombiana, la mayoría encapuchados, vestidos de negro y armados, accedieron al jardín de la vivienda, a la caseta en la que vivían los caseros, y tras amordarzarles, se apoderaron de las llaves de la vivienda.

Una vez en su interior —y mientras al menos tres de los hombres vigilaban el exterior—, subieron a la primera planta del chalé y sorprendieron al matrimonio que estaba viendo la televisión en una de las habitaciones, en el salón. Los asaltantes amordazaron y maniataron a la mujer y obligaron a Ramírez a entregarles el contenido de la caja fuerte.

No obstante, el empresario aprovechó un descuido —cuando pidió agua porque se encontraba mal, ya que padece de diabetes— y consiguió hacerse con su rifle de tiro olímpico, deporte al que es aficionado, y se inició un tiroteo, tras el que fallecieron dos de los atracadores y Ramírez resultó herido de arma blanca en el abdomen. Los atracadores restantes se dieron a la fuga en tres de los cuatro vehículos con los que se habían desplazado y se llevaron un reloj y seis monedas de plata de colección de 2.000 pesetas.

Igualmente, los miembros del grupo que permanecieron en la vivienda de los caseros se llevaron las llaves de la casa y del vehículo, el mando a distancia de la puerta y el teléfono móvil de él, así como una pulsera de oro blanco y amarillo de su pareja.

En total, la acusación particular, que representa a las viudas de dos de los asaltantes, pide 30 años de cárcel para Francisco Ramírez; mientras que el fiscal solicita penas de entre un año y medio y casi 21 para los 10 atracadores restantes. No obstante, no contempla ninguna pena para Ramírez, al aplicarle el eximente de legítima defensa.

Las penas que solicita la acusación pública para cada uno de los atracadores varían en función del delito que se les imputa, que va desde un delito de robo con violencia e intimidación en las personas y uso de arma a otros como un delito de lesiones; otro de depósito de armas de guerra; de tenencia ilícita de armas; de falsificación de documento oficial; y de homicidio —que se le imputa a Ramírez pero sin contemplar ninguna pena—.