Así, la propuesta de los 'populares' contó con 30 votos a favor: los 29 del PP y el voto de la presidenta del Parlament, lo que hizo posible su aprobación. Por contra, los diputados del PSOE y del Bloc rechazaron la iniciativa, mientras que los otros diputados de UM, Josep Melià, y Isabel Alemany, quienes no intervinieron en el debate, se abstuvieron.

Así, el PP remarcó durante la defensa de la propuesta su preocupación ante los previsibles problemas que la ubicación de la prisión podría suponer y entendió que "no es lógico" que esté al lado de donde residen los agentes de la Benemérita y sus familias, hasta el punto de que deben compartir la misma entrada desde la carretera, criticó el grupo 'popular'.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Ernest Ribalaiga replicó que el Ministerio no hubiese aceptado la ubicación si ésta no hubiera sido adecuada y señaló que "duda" que los 'populares' "lo sepan mejor" que los técnicos del Gobierno central.

Además, Ribalaiga ejemplificó con otros casos y recordó que la distancia entre la prisión de Palma y un centro de ocio u otro sanitario es de "400 metros escasos", distancia que se acorta hasta los poco más de 200 metros en el caso de unas oficinas "de alto standing".

Un monumento al engaño

El 'popular' Simón Gornés mostró su decepción ante las palabras de Ribalaiga y ante el hecho de que apoyase una propuesta del Ministerio que es, según consideró, "un engaño". Así, le insinuó que no defiende los intereses reales de los menorquines.

Además, Gornés consideró que Ribalaiga se "tiró a la piscina sin agua" y remarcó que el proyecto de prisión en Menorca "supone un monumento al engaño". "La prisión de Menorca es la prueba de la idea que tienen de la isla: autárquica, cerrada y sin futuro", criticó.

En la exposición de motivos, el PP señaló que los guardias civiles deben mantener su confidencialidad, por lo que se indicó que el movimiento de personas que generará el funcionamiento de la cárcel, no contribuirá a mantener esta garantía. Así, entendió que una posible solución sería que se trasladase la caserna en un sitio más adecuado, que garantice la seguridad de las familias y permita el correcto funcionamiento de la prisión.

Además, la proposición incluye que el Parlament instará a las administraciones competentes a ordenar a la empresa concesionaria que disponga las medidas correctoras que reduzcan las molestias de ruidos, así como cualquier otra que se pueda derivar de las obras de la nueva prisión.