PSOE advierte de que la subrogación de trabajadores de Giahsa en Lepe "marca el camino" a La Palma y a Moguer

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, advirtió hoy de que la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el PP, a aceptar la subrogación de 18 trabajadores de Giahsa adscritos a este municipio y a sentarse a negociar con los responsables de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) sobre los términos de la liquidación final de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, "marca el camino" a La Palma del Condado y a Moguer, que también han privatizado el servicio y encargado su gestión a Aqualia.

En rueda de prensa, Caraballo señaló que esta sentencia, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva, supone "un aviso para navegantes" que han tomado una decisión similar a la de Lepe, tales como Moguer, Bollullos Par del Condado y La Palma.

La sentencia viene a "poner en tela de juicio" la estrategia del PP, partido al que "no le ha importado los trabajadores y ha tenido que ser un juez el que lo recordara", según indicó Caraballo, que precisó además que el PSOE "va a agotar" todo lo que está a su alcance para que los trabajadores sean admitidos.

En cuanto a la situación de los empleados de Giahsa de estos municipios, señaló que los de Moguer se encuentran acampados en las puertas del Ayuntamiento y los de La Palma y Bollullos están "sin trabajo".

Por todo ello, aseguró que esta sentencia "marca el camino" a estas localidades para que realicen un análisis de la situación y tomen las medidas oportunas para readmitir a los trabajadores. En este sentido, el socialista apuntó que la sentencia demuestra que el PSOE "lleva razón".

El auto obliga al Ayuntamiento de Lepe a la subrogación de 18 trabajadores y a llegar a un acuerdo entre ambas partes, una negociación para la que el juez incluso pone fecha límite en el 1 de junio. Bajo estos condicionantes, el juez admite el levantamiento de las medidas cautelares que dictó el 16 de diciembre, y que paralizaban la adjudicación a Aqualia del servicio de aguas en Lepe.

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