Fuentes, que ha registrado esta proposición no de Ley en la Cámara autonómica, mostró su apoyo a los alcaldes de los municipios afectados directamente por esta área de influencia y defendió la necesidad de que la Junta suscriba este convenio para impulsar el desarrollo económico y proteger y mejorar el entorno natural anexo a El Cabril, en el corazón de Sierra Morena.

En 1986 el Gobierno decidió instalar en Hornachuelos un almacén de residuos radioactivos. A diferencia de lo ocurrido en los últimos días, entonces no se abrió proceso alguno para determinar qué pueblo debía acoger los residuos, sino que fue designado directamente a El Cabril para albergar dicho almacén en un área de influencia que comprende los términos municipales de Hornachuelos y Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba; y Alanís y Las Navas de la Concepción, en Sevilla.

A día de hoy, la instalación de Enresa está al 61,57 por ciento de su capacidad, cifra que se traduce en 28.200 metros cúbicos o 26.500 toneladas de residuos de media, baja y muy baja actividad. El centro, que en un principio contaba con dos plataformas para almacenar en celdas los residuos, fue ampliado en dos ocasiones, en 1990 y en el 2007, cuando se construyó un edificio y una celda para 35.000 metros cúbicos de residuos de muy baja intensidad, para recibir los restos procedentes de incidentes, como el de la planta de Acerinox, en Los Barrios (Cádiz). La previsión es que en 2030 El Cabril cubra el cien por cien de capacidad.

Más fondos

A raíz de la convocatoria abierta por el Gobierno para los municipios que quieran albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC), en el que se depositarán los combustibles gastados y los residuos de las centrales nucleares, así como las compensaciones en inversiones previstas por dichas instalaciones, los cuatro municipios del entorno del centro de almacenamiento de restos radiactivos de El Cabril han reclamado más fondos por la presencia de este complejo de tratamiento y almacenamiento de residuos.

Los alcaldes y concejales reunidos en Las Navas acordaron solicitar una entrevista con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, de cara a que la administración autonómica también haga una aportación extraordinaria a estos municipios.

En este sentido, comentó Fuentes, la Junta de Andalucía debe tomar parte en estas compensaciones a los municipios afectados, ya que en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2010 se prevén unos ingresos de 7.647.778 euros como impuestos ecológicos en concepto de depósitos de residuos radiactivos, y cumplir la finalidad de la Ley de Fiscalidad Medioambiental de la Junta, para que esos ingresos reviertan en recursos medioambientales de los municipios afectados.

En su opinión, el Gobierno socialista de Andalucía no puede quedar impasible ante la voz de cuatro ayuntamientos cordobeses, de diversos colores políticos, que están pidiendo compensaciones para sus vecinos, buscando un desarrollo económico y medioambiental de futuro.

El parlamentario cordobés exigió a la Junta y al Gobierno de la Nación mayor sensibilidad y compromiso político y presupuestario ante las reivindicaciones de estos ayuntamientos, para que no sean menos que el resto de municipios que optan a contar con una ATC en su término municipal.