CC.OO. culpa a la Junta del impago de salarios a los empleados de SAU en Segovia y exige una reunión con Guisasola

El sindicato Comisiones Obreras, a través de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, exigió hoy al Consejero de Sanidad, Francisco Javier Alvarez Guisasola, que reciba a la representación sindical de la empresa de ambulancias SAU de Segovia, cuyos trabajadores están en huelga desde el 1 de febrero.

"Si persiste en su actitud de evitar cualquier responsabilidad en el conflicto, nuestro sindicato le considerará responsable de lo que ocurra en la huelga de ambulancias que se ha convertido en indefinida", indicaron fuentes del sindicato a Europa Press.

Para CC.OO, la responsabilidad sobre los salarios impagados, dos nóminas en el momento actual, corresponde también a la Junta de Castilla y León, administración que tiene la competencia "exclusiva" sobre el transporte sanitario.

En este sentido, solicitó al consejero que "se ponga a la cabeza de la resolución de este desagradable conflicto que no tendría razón de ser si la Administración se ocupara realmente de su obligación de inspeccionar la situación de las empresas que prestan este servicio como concesionarias de la Junta de Castilla y León".

En su opinión, la falta de soluciones "sólo puede exacerbar los ánimos de los trabajadores y crear situaciones difíciles". Así, para evitar incidentes pidió la intervención de la Junta de Castilla y León, "responsable de exigir a la empresa que regularice los salarios de sus trabajadores".

"Frente a esta obligación la Consejería de Sanidad no ha hecho sino esconder la cabeza bajo el ala y presentar el conflicto como un problema entre el empresario y los trabajadores sin reconocer que el transporte sanitario es algo que le compete en exclusiva y que debe garantizar este servicio por encima de la situación concreta de una empresa".

Por último, el sindicato recordó que los pacientes que tienen el derecho a que el transporte sanitario funcione en perfectas condiciones y "que no deben ser los paganos de una incorrecta política laboral" por parte de la Administración o de las empresas concesionarias de los servicios.

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