El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, y la portavoz del órgano, Gabriela Bravo, han confeccionado un calendario de reuniones "intensas" con los jueces decanos de las provincias de Valencia y de Castellón para lograr que la implantación de la oficina judicial en la Comunitat, que comenzará el 5 de mayo, sea "un éxito".

Así lo indicaron hoy De Rosa y Bravo en una rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y el secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, con los jueces decanos de las provincias de Valencia y Castellón, así como con los presidentes de las Audiencias Provinciales de ambos territorios para abordar la implantación de la oficina judicial.

Bravo explicó que tanto ella como De Rosa están "muy preocupados, implicados e interesados" en la que la implantación de la nueva oficina judicial —cuyas leyes procesales entrarán en vigor a partir del 5 de mayo— "sea un éxito en la Comunitat Valenciana". Explicó, en este sentido, que el nuevo modelo organizativo "superará la estructura decimonónica de lo que eran pequeñas microestructuras", y "se podrán reorganizar mejor los medios, optimizarlos".

Para supervisar su desarrollo, anunció que hoy se han iniciado un ciclo de reuniones para "fomentar pequeñas comisiones en las que se pueda escuchar a todos los decanos de las dos provincias, Valencia y Castellón, porque es muy importante conocer las peculiaridades de los partidos judiciales".

"Lo que aporten —agregó—, sus propuestas, serán una pieza clave para el desarrollo de la oficina judicial". Así, el objetivo de estos encuentros, que se prolongarán durante dos meses, es que "tanto la entrada en vigor de las leyes procesales como de la implantación de la oficina judicial vayan de forma paralela".

Dos fases

De Rosa explicó que para la implantación de la oficina judicial en la Comunitat se han previsto dos fases. La primera, que comenzará el 5 de mayo, y consistirá en la redistribución interna del trabajo en los juzgados, entre jueces y secretarios judiciales, con la finalidad de que el juez "cumpla lo que constitucionalemnte se le ha adjudicado: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Así, explicó que todas aquellas taresas que no sean medulares en el sentido de la Administración de Justicia, "le corresponderán al secretario judicial", y puso como ejemplos "el impulso del procedimiento, las tareas activas dentro de éste o la llevanza efectiva de la ejecución de las resoluciones".

La segunda fase hace referencia a la implantación del diseño de la oficina, es decir, a los cambios estructurales para determinar el diseño que tendrá cada partido judicial con el objeto de determinar sus necesidades. En este aspecto, la Conselleria de Justicia, que tiene las competencias transferidas en esta materia, "tiene que hacer una propuesta".

Así, deberá presentar un proyecto específico, y el Consejo General "estará muy vigilante para que éste cumpla los requisitos de homogeneización y los exigidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial", además de que la ejecución se haga en un "plazo razonable". Sobre esta fase, Gabriela Bravo indicó que la Conselleria de Justicia es la que deberá determinar un presupuesto, y mostró su confianza en que "haya voluntad política y presupuestaria".