En un comunicado, Facua señaló que las delegaciones de Movilidad y Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla se desentendieron de la irregularidades y nunca contestaron a las denuncias presentadas por el colectivo, mientras que en el Ayuntamiento de Córdoba la Delegación de Consumo decidió en septiembre de 2008 no abrir expediente sancionador con el argumento de que no había suficientes pruebas de las irregularidades.

Facua aseguró ser consciente de que en una parte de los casos los usuarios "no esperan un tiempo razonable y cogen otro vehículo, lo que evidentemente causa perjuicios a los profesionales del sector que trabajan con las emisoras". Por ello, consideró que los ayuntamientos deben regular su funcionamiento y fijar unos parámetros de calidad e información a los consumidores.

"En el momento de solicitar un taxi las emisoras deban informar al usuario del tiempo máximo que consideran que tardará en llegar para que éste decida si quiere o no el servicio, y si posteriormente, por la situación del tráfico, el vehículo va a retrasarse, la emisora tendría que contactar con el cliente para advertirle del imprevisto y conocer si continúa deseando el taxi", indicó la asociación.

Las prácticas denunciadas consisten, entre otras, en la negativa a prestar el servicio a determinados usuarios con el argumento de que en alguna ocasión solicitaron un taxi y no esperaron hasta que llegase, aunque el motivo fuese la excesiva tardanza del vehículo; asimismo, se denunció el boicot a hoteles por utilizar taxis ajenos a las emisoras en servicios especiales y que cobren un 'precio pactado' de hasta 3,87 euros por el trayecto previo desde que se solicita un taxi hasta que llega al lugar de recogida.