El Pleno de la Diputación de Sevilla aprobó hoy, con el voto en contra del PP, la financiación del Plan para el Fomento de los Derechos Sociales para 2010, cifrada en 37,5 millones de euros, un 20 por ciento más que en 2009, según aseguró el diputado provincial del ramo, Francisco Morales Zurita.

En su intervención en la sesión plenaria de hoy, Morales Zurita explicó que este plan, aprobado en Pleno en mayo de 2008 y cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre del presente año, está cofinanciado por la Diputación —17 millones—, la Junta de Andalucía —16,1 millones—, el Ministerio de Trabajo —1,3 millones— y los propios ayuntamientos —3,1 millones—.

Así, destacó que "los ayuntamientos bajan por primera vez su aportación gracias al esfuerzo de Diputación y Junta" y estimó que gestionarán directamente 21,5 millones de euros, seis millones más que en 2009.

Por su parte, la diputada popular Dolores Rodríguez consideró que el plan, "por mucho que lo quieran adornar, no tiene un paso, no tiene defensa", y aseguró que "en realidad no se produce una subida, sino una bajada del 6,83 por ciento con respecto a 2009".

Por tanto, dijo sentir "vergüenza ajena de como se manipulan los datos" y recordó que "el 44 por ciento de los parados de la provincia ya no reciben ningún tipo de prestación", de modo que calculó que "si se destinan 100.000 euros para casos de emergencia social, a cada uno de estos parados le corresponden 2,5 euros".

Del mismo modo, apuntó que "el programa de atención a las familias tampoco varía con respecto a 2009 y es la misma cantidad asignada en 2008", ante lo que se preguntó si "no ha cambiado la situación de las familias en estos dos años".

También consideró Rodríguez que "no es creíble la apuesta por la Ley de la Dependencia" y calificó de "ridícula" la ayuda destinada a los enfermos de Alzheimer y criticó que no se haya incluido el convenio comprometido con los enfermos de Parkinson.

"El PP no vota no a los servicios sociales, pero no puede apoyar un recorte en los servicios socialista", sentenció la diputada popular, quien insistió en que "se está dando la espalda a los que más lo necesitan y cuando más lo necesitan".

Ante tales críticas, el portavoz del PSOE, Francisco Díaz Morillo, acusó al PP de tener "doble moral" y "un tocino que les resbala todo" y el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, advirtió de que "los mensajes negativos de algunos grupos políticos desmotivan a los trabajadores, que echan muchas horas", además de considerar que se trata de un plan "aceptable".

El plan

Los objetivos básicos del plan son "la consolidación de la Red Pública de Servicios Sociales en la provincia a través de las 27 Zonas de Trabajo Social en que se encuadran los municipios menores de 20.000 habitantes", además de "la necesidad de "continuar impulsando y desarrollando la ley de Dependencia en los municipios menores de 20 mil habitantes, lo que permitirá seguir siendo la provincia con mayor número de usuarios, así como pasar de las 6.200 personas atendidas en 2009 a 7.000 en 2010".

El tercer objetivo es "la apuesta por la calidad de los servicios prestados mediante una excelencia en el servicio que permitirá adaptarse de forma inmediata a las demandas sociales y corregir con rapidez las deficiencias que se puedan detectar mejorando los Centros de Tratamiento de Adicciones o las Residencias de Mayores".

En este sentido, se construirán tres nuevos Centros de Servicios Sociales en Puebla de Cazalla, Pilas y Guillena, y la previsión, al menos, de dos nuevos centros en Palomares del Río y El Viso del Alcor para 2010, que se sumarán a los 31 construidos con anterioridad.

En cuarto lugar, se pretende "continuar con una política de atención integral a las familias en riesgo social ampliando un campo de acción con la Junta de Andalucía en su servicio de adopciones y acogida familiar".

Por último, el plan persigue "consolidar y mejorar la Red Pública de Atención a las Drogodependencias y Adicciones y poner en marcha un sistema de apoyo, información y consejo terapéutico a través de Internet".

En cuanto a la creación de empleo, "se incrementa el número de trabajadores dedicados a desarrollar el plan en un ocho por ciento con respecto al año anterior, hasta un total de 1.834 personas". Esta cifra se reparte de la siguiente forma: 900 en aplicación de la Ley de Dependencia; 457 Auxiliares de Ayuda a Domicilio por el Plan Concertado; 131 Trabajadores Sociales; 22 trabajadores de refuerzo de Dependencia; 80 Educadores; 96 Auxiliares Administrativos; 57 Psicólogos; 18 Graduados Sociales; 19 Profesionales para Tratamiento Familiar y 54 profesionales para Drogodependencias y Adicciones.

El último punto del orden del día de gobierno trata sobre la aprobación de la adhesión al convenio de colaboración entre la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la prestación del servicio de pago telemático en la Administración Pública.

Se trata, como aclaró Díaz Morillo, de "un paso más hacia la administración electrónica y hacia la modernización de los servicios que la Diputación presta a los ciudadanos, mejorando la calidad de los mismos, facilitando la gestión y realizando los trámites más cómodos y rápidos".