Preguntado por el argumento de la empresa para no convocar el consejo de administración —donde debía analizar el ultimátum de 48 horas dado por la Junta para aplicar la hoja de ruta—, sobre lo que la empresa argumenta que el presidente Antonio Moreda está en tratamiento médico y no puede convocar dicho consejo, el consejero reconoció que "quiere creer que está malo" y espera que "sea verdad" la enfermedad. "Lo que más deseo es que se recupere y hagan lo que les proponemos, es muy fácil", aseveró.

Advirtió de que en caso de que no fuera así, "sería un acto de irresponsabilidad societaria, personal y contra la sociedad andaluza, que no hace nadie".

"Si hace lo que le pedimos, al final las críticas irán para la Junta, sólo reclamamos liderar un problema que tenía muy difícil gestión y que dará titulares en contra de la Junta", apuntó el consejero, quien consideró que "la dilación hace mucho daño, la deuda es muy importante, las soluciones eran complicadas y la Consejería de Innovación, con la que comparto estrategias, ha puesto límite para intentar evitar que esto siguiera una vía judicial que hace más complejo lo que ya es muy complejo".

Por otro lado, preguntado sobre la petición de los trabajadores de que, en caso de que la empresa no acepte ni aplique la hoja de ruta la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pueda anular la venta y privatización acometida en 2006, el consejero no cree que la SEPI contemple esa hipótesis de venta, aunque "serán ellos los que tendrían que plantear".

En ese sentido, explicó que en el convenio suscrito en su día entre SEPI y trabajadores está previsto plantear otras medidas en caso de crisis o quiebra de la empresa "que van en la línea de protección social y cobertura de los trabajadores, como prejubilaciones o indemnizaciones pactadas en caso de quiebra, más que en una vuelta y regreso de la propiedad de la factoría" a manos públicas.