La Comunidad de Madrid e Instituciones Penitenciarias han llegado este miércoles a un acuerdo en virtud del cual Prisiones se hace cargo del control de la pena de libertad vigilada de Rafael F.G., El Rafita, de 22 años, condenado por el asesinato de Sandra Palo cuando tenía 14 años.

Así lo han indicado fuentes de ambas instituciones tras una reunión de dos horas mantenida en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la madrileña calle de Alcalá, y que ha concluido pasadas las 21.00 h.

Fuentes Penitenciarias han indicado que el acuerdo queda a expensas de que la Comunidad de Madrid remita el expediente de El Rafita, ya que las medidas de vigilancia a las que estará sometido deberán ser "idénticas" a las que ya tenía bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

Ninguna medida adicional

Tras analizar el caso, tanto Prisiones como la Comunidad de Madrid han coincido en que a El Rafita no se le puede aplicar ninguna medida adicional de control de las que ya tenía hasta ahora.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid han asegurado que durante la reunión Instituciones Penitenciarias "ha reconocido que la competencia de la libertad vigilada tanto en el caso de El Rafita como en otros ocho casos similares" es de este organismo.

La Comunidad de Madrid ha ofrecido "toda la colaboración" que esté en su mano a Instituciones Penitenciarias, "como por ejemplo informes y cualquier otro tipo de documentación".

Tres años de libertad vigilada

La condena impuesta en su día a El Rafita establecía cuatro años de internamiento en un centro de menores y otros tres años de libertad vigilada que comenzó a cumplir cuando llegó a la mayoría de edad y que expiran el próximo mes de junio.

Tras una estancia en Andalucía, El Rafita volvió a Madrid, momento en que la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Comunidad de Madrid, solicitó que el control de la libertad vigilada pasara a Instituciones Penitenciarias.

Prisiones pidió entonces al juez un auto aclaratorio que explicara cómo debía aplicar esta medida, contemplada en la Ley del Menor, pero no en la Justicia para adultos.