Según la calificación del ministerio público, a la que tuvo acceso Europa Press, en el año 2003 el procesado, administrador único de una empresa, entabló relaciones comerciales con dicha entidad y durante los meses de agosto y octubre de 2003 realizó varios pedidos por un importe de 43.590 euros.
Para efectuar el pago, entregó al representante legal siete pagarés y una letra de cambio "a sabiendas de que no serían atendidos, ya que desde el principio no tuvo intención alguna de pagar", por lo que cuando llegó la fecha de los vencimientos, fueron devueltos.
Por su parte, la empresa afectada, antes de interponer una denuncia, reclamó la cantidad al acusado, quien tan sólo entregó 5.000 euros.
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