Fuentes de CCOO-A precisaron a Europa Press que la Junta dio ayudas a los propietarios de Astilleros de Huelva entre 55 y 60 millones de euros en los últimos años, tanto por subvenciones como avales para que Pymar facilite la financiación de las operaciones en marcha, lo que convierte a la Junta en "uno de los principales acreedores de astilleros en Huelva".

De esta forma, los empresarios "juegan a echarle la culpa a la Junta", porque, según explicaron "los propietarios se acogieron a finales de noviembre al artículo 5.3 de la Ley Concursal, de forma que tenían tres meses —hasta finales de febrero— para intentar llegar a un acuerdo con los acreedores, tras lo que pasado ese plazo, si no se llegaba a acuerdo con los acreedores, la sociedad entraría en concurso y ello puede suponer la entrada de los administradores concursales nombrados por el juez, con la consiguiente liquidación de la empresa, lo cual supone el desastre".

"Nos tememos que los propietarios de astilleros pretenden llegar al concurso de acreedores y echarle la culpa a la Junta porque no se haya llegado a un acuerdo previo para conseguir una quita importante o una condonación de la deuda", añadieron las fuentes, que agregaron que "la postura de los empresarios no se entiende, y sólo pensamos que quieren echar la culpa a la Junta y protegerse en relación con posibles responsabilidades penales en la gestión de astilleros".

Frente a esta situación, destacaron que la aparición de la figura del administrador único propuesto por la Junta "daría a la empresa credibilidad frente a las entidades financieras y tendríamos dos años más para negociar el futuro de las factorías, nos daría tiempo a solventar la situación de los pedidos para los astilleros de Sevilla y Huelva".

Lamentaron la "irresponsabilidad" del consejo de administración de Astilleros de Huelva, y agregaron que los empresarios "están inmersos en una maniobra para alargar el proceso, pero cuanto más se alargue éste, menos tiempo tendremos para la negociación".