El Ayuntamiento de Logroño reclamó hoy que el Gobierno riojano pague la mitad de la estación de autobús que se incluirá en la futura estación Intermodal de la ciudad, dentro del proyecto de soterramiento. Así lo avanzaron hoy los concejales Domingo Dorado y Angel Varea, integrantes de la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, quienes dieron cuenta de las propuestas que van a llevar a la reunión del Consejo de Administración de la entidad, prevista para el próximo jueves.

Varea explicó que, de acuerdo con el primer convenio para la financiación del soterramiento, firmado en julio del año 2002 entre el anterior equipo de Gobierno del PP y el entonces ministro de Fomento, el también popular Francisco Alvarez Cascos, "no se incluía la estación Intermodal", de modo que el Ministerio, a través de ADIF, "sólo financia íntegramente la estación de tren".

Al incluirse posteriormente "por la presión de la oposición" el proyecto para una estación Intermodal, "queda pendiente un presupuesto estimado para el proyecto de la estación de autobús de unos 18 millones de euros, que, tal como está ahora mismo firmado el convenio, correspondería pagar de forma completa al Ayuntamiento, algo que llegaría en un momento complicado para las arcas municipales".

Por ello, Varea señaló que "el Gobierno regional no pone, de momento, nada para la financiación del proyecto de soterramiento, por lo que vamos a seguir pidiendo la necesidad de que entre el Ejecutivo riojano, por dos razones: porque es algo que se ha hecho en otros municipios, pagar la estación de autobuses, y más en el caso de Logroño, que va a dar servicio a toda La Rioja; y porque, si se permiten opinar, también tendrán que participar de alguna forma en la financiación".

Domingo Dorado, por su parte, detalló que "la estación Intermodal supone que hay diversos modelos de comunicaciones que se cruzan en el mismo espacio; el Ministerio financia la mitad de este espacio, el correspondiente al tren, y lo que le pedimos al Gobierno regional es que pague la mitad del espacio que queda, el correspondiente a la estación de autobús", con un presupuesto estimado de momento en unos 18 millones "aunque está aún pendiente de redactar el proyecto con su coste definitivo".

Por otro lado, Dorado apuntó que la segunda propuesta que va a llevar el Ayuntamiento de Logroño al Consejo, en ambos casos en el apartado de Ruegos y preguntas, va a ser la petición de que sea la propia Sociedad del Ferrocarril la que se encargue de determinar el lugar para la futura ubicación de la subestación eléctrica actualmente instalada en el barrio de Cascajos.

Así, recordó que la Sociedad cuenta ya con un informe en el que se analizaba la necesidad de un cambio "y que determinaba que la próxima subestación, que es imprescindible para el soterramiento, debe ser subterránea, pero no indica la parcela a la que se debe trasladar". "Lo que debe hacer la Sociedad es determinar el nuevo lugar, y que todos los integrantes la aprueben, para que nadie se pueda luego echar atrás de forma populista", aseguró el edil.

Propuestas regionales "sin sentido".

Respecto a las propuestas planteadas esta mañana por parte del Gobierno regional para el Consejo del jueves, Varea afirmó que "no tienen sentido", al tiempo que se mostró "sorprendido" porque el Ejecutivo riojano "se muestre ahora contra un acuerdo firmado por las tres administraciones cuando todas eran del mismo color político", en referencia a la petición de que sea la Sociedad del Ferrocarril quien se encargue de adjudicar la segunda fase de los trabajos.

"Ahora que no tienen la mayoría de votos, quieren cambiar lo que ellos mismos firmaron. El problema es que quieren controlar la adjudicación e ir contra los intereses del soterramiento", aseguró el concejal, quien, respecto a la preferencia de dar subcontrataciones a empresas riojanas recordó que "es algo que ya se propuso por parte municipal y que se aceptó por todos los miembros del Consejo".

Por último, en cuanto al control de las subcontrataciones que haga la adjudicataria de la primera fase de los trabajos, la empresa Sacyr, recalcó que "el Ayuntamiento ya lo está haciendo desde la semana pasada", mientras que aconsejó al Gobierno regional que "lo que debían hacer es revisar sus contrataciones, que no exijan lo que ellos mismos no cumplen".