Tribunales.- IU pide al TSJA la suspensión cautelar de la ordenanza para la convivencia por "vulnerar derechos"

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Ordenanza para la Convivencia por considerar que su aplicación "es confusa" y "vulnera derechos fundamentales".

Con este recurso, la formación de izquierdas pretende que el alto tribunal se pronuncie sobre la legalidad del texto y decrete la suspensión cautelar del mismo hasta entonces, como ya solicitó el pasado 18 de diciembre el 'Grupo de Juristas 17 de Marzo' por entender que esta normativa es contraria a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos.

La norma entró en vigor el pasado 10 de noviembre y en su articulado recoge sanciones para la mendicidad insistente, el ejercicio de la prostitución en la vía pública —con multas de hasta 3.000 euros para clientes y prostitutas— y el desarrollo de actuaciones callejeras sin el preceptivo permiso municipal.

La coordinadora local de IU, Maite Molina, explicó a Europa Press que el recurso se fundamenta en que los elementos jurídicos recogidos en la ordenanza son "confusos", puesto que los conceptos sancionables son "muy amplios y ambiguos", toda vez que la Policía Local es la encargada de interpretar el contenido de la normativa y de aplicarla, con lo que los ciudadanos quedan en "una situación de absoluta indefensión", señaló.

Así, la formación de izquierdas pide en su recurso que "se precisen o se anulen" estos artículos, así como los que aluden a la convivencia pacífica —"que no se define"— y los que plantean sancionar prácticas que limitan la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público, "porque no se precisa en qué consiste esa incompatibilidad".

"Tal y como está redactada la ordenanza, un ciudadano puede ser sancionado sin saber por qué", advirtió Molina, quien opinó que esta normativa vulnera la presunción de inocencia y atenta contra derechos fundamentales cuando establece la obligación de que el ciudadano se identifique "en cualquier circunstancia" ante la Policía Local.

Asimismo, y respecto a la prostitución, IU advierte de que el Ayuntamiento está tratando de regular un fenómeno que "se escapa de sus competencias" y lamentó que de los 43 expedientes sancionadores abiertos hasta la fecha en este campo, 32 hayan ido dirigidos a prostitutas y once a clientes, mientras que ninguno a los proxenetas que se benefician de la prostitución.

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