Estas bases de datos, recogidas en la futura Ley de Derecho a la Vivienda, permiten conocer las necesidades de VPO en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta. La suma total de estos municipios, entre los que se encuentran las ocho capitales de provincia y la mayoría de las ciudades grandes y medias de Andalucía, permite alcanzar el 95 por ciento de la población andaluza, superando ampliamente las previsiones del 80 por ciento fijadas por la Consejería para principios de año.

Por provincias, destaca el grado de aprobación plenaria de los registros en Almería, con 101 municipios con las ordenanzas aprobadas —88 por ciento de la población—, y Jaén, con 96 localidades —99,7 por ciento de la población—. En ambos casos, sólo una localidad por cada provincia está pendiente de hacerlo.

Le siguen Cádiz, con bases aprobadas en 41 —99,1 por ciento de la población— de los 44 municipios, y Córdoba, con el visto bueno a los registros en 70 —97,1 por ciento— de las 75 localidades. Por su parte, en Sevilla son 97 —94,1 por ciento— los municipios que ya han aprobado en pleno las bases, mientras que los ocho restantes están pendientes de hacerlo.

En Huelva, son 68 localidades —89,3 por ciento— de las 79 que componen la provincia, mientras que en Granada son 153 localidades —96,6 por ciento— de las 168. A estas provincias se suma Málaga, con 74 municipios —92,7 por ciento— de las 101.

La Consejería prevé que, a corto plazo, otros 22 municipios den luz verde a sus ordenanzas, con lo que serán ya 722 municipios los que podrán comenzar a trabajar en sus registros. Estas localidades concentran el 96,7 por ciento de la población andaluza.

Los registros constituyen el primer método con el que contará la comunidad para realizar una cuantificación real de la demanda de VPO, de forma que no sólo se logrará localizarla, sino además caracterizarla, es decir permitirá realizar un diagnóstico más ajustado de las necesidades reales de la población —las demandas especiales de vivienda de los diferentes colectivos, el tipo de viviendas o el régimen—.

Esta labor facilitará a las administraciones planificar mejor la política de vivienda protegida, ajustándola a las características de los demandantes en cada ámbito territorial. En el nuevo sistema, el ciudadano deberá inscribirse y aportar una serie de información relacionada con sus ingresos económicos y con sus propias necesidades de vivienda, tales como el régimen de acceso al que opta, número de dormitorios de la casa en relación con su composición familiar o la necesidad de una vivienda adaptada.

Orden de ayudas

Así, se trata de un primer trámite que no tendrá que volver a realizar, puesto que esos datos quedarán ya recogidos para las diferentes adjudicaciones. Esa información aportada, que sí tendrá que actualizarse periódicamente, junto con los criterios de clasificación de los solicitantes establecidos por cada Ayuntamiento, servirá para ordenar en función de sus necesidades a los solicitantes, que podrán saber en todo momento su situación en el registro.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ya aprobó el pasado mes de diciembre la Orden de subvenciones a los ayuntamientos, entidades locales y organismos supramunicipales para la puesta en marcha de sus Registros Municipales de Demandantes de VPO. Está dotada con tres millones de euros de presupuesto y la cuantía máxima de las ayudas se ha establecido en función de la población de las localidades, aunque éstas podrán alcanzar hasta los 30.000 euros.

Esa cantidad se podrá emplear para cubrir tanto los gastos materiales como de personal necesarios en la puesta en funcionamiento de esta figura. El cálculo del coste de la implantación de estas bases de datos se ha efectuado gracias a las experiencias piloto llevadas a cabo en municipios de diferentes poblaciones y características a lo largo de los últimos meses.

En este sentido, esas subvenciones se suman a la inversión económica realizada previa-mente por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tanto para desarrollar la herramienta informática que gestionará la base de datos de los Registros, como para formar al personal municipal que la utilizará.

Este programa informático permite cruzar datos de distintas Administraciones para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. Además, posibilita la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos indicándoles si tienen que renovar su inscripción —que tiene una validez de tres años prorrogables— o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.