Dos funcionarios administrativos del Ayuntamiento de Baena (Córdoba) y un empresario de la misma localidad se enfrentarán, en el juicio que se seguirá contra ellos en la Audiencia Provincial de Córdoba, a los 18 años de prisión que, en total, pide para ellos el ministerio público, por su implicación en el denominado caso de las 'facturas falsas' de Baena.

Según la calificación fiscal, a la que ha accedido Europa Press y de la que ha dado traslado a las partes el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena, como paso previo a dictar auto de apertura de juicio oral, el citado empresario, A.J.G.R., cuya denuncia y autoinculpación, de la que luego se retractó, fue la que dio origen al caso en el verano de 2007, es el presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, mientras que los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P son los presuntos autores de un delito continuado de estafa, en el que el empresario sería, además, "cooperador necesario".

En concreto, la fiscalía pide que se condene al empresario a seis años de prisión, y entiende que debe imponerse igual pena de cárcel para cada uno de los dos empleados municipales. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público considera que los tres acusados deben indemnizar, "conjunta y solidariamente", al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que supuestamente han estafado mediante el cobro al Ayuntamiento de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.HECHOS

A este respecto, la calificación fiscal establece que, durante los años 2005, 2006 y 2007, el acusado, propietario de una empresa de carpintería metálica, "previamente concertado" con los dos funcionarios municipales y con "la finalidad de obtener un beneficio económico injusto y a sabiendas de que no se había realizado ninguna de las obras, elaboró a nombre del Ayuntamiento de Baena, anotó en su contabilidad como empresario, presentó y cobró de la Corporación local de Baena por trabajos que no había realizado y que correspondían a contratos menores" un total de once facturas.

Después, según el relato de los hechos de la fiscalía, "una vez presentadas al Ayuntamiento las facturas" por el empresario, los dos funcionarios, "a sabiendas de que no se correspondían con la realidad, se encargaban de que las citadas facturas fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas, para que fueran abonadas en la cuenta" del empresario.

Cuando las facturas eran abonadas en la cuenta corriente de éste, el empresario "descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el importe restante de las mismas" a los dos empleados públicos, "que incorporaban a su patrimonio particular" ese dinero.

El ministerio público, que no ha visto en estos hechos que se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos, que era una de las imputaciones que pesaba en la fase de instrucción sobre los ahora acusados, entiende, por otro lado, que debe procederse al "sobreseimiento provisional de la causa" respecto a los otros dos empresarios baenenses que estaban igualmente imputados en este procedimiento, pues considera que ninguno de los dos intervino en la realización de las facturas ni en la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes.