La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar consideró hoy que el juez "debería haberse puesto del lado de la prudencia y del más débil" y, en este sentido, lamentó que haya dejado a los vecinos "en el mayor de los desamparos". Según el colectivo, mientras se decide definitivamente el derecho o no del Ayuntamiento a realizar derribos en el barrio, los vecinos "se verán privados de sus casas a un precio de saldo, la tercera parte de su valor de mercado".

La entidad vecinal se expresó en estos términos en un comunicado después de que el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia acordara hoy levantar la suspensión cautelar de las cuatro licencias —tal y como solicitó el PSPV— para derribar seis inmuebles en el barrio valenciano del Cabanyal-Canyamelar, al considerar que éstos se encuentran ubicados fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y del conjunto histórico protegido.

Al respecto, la asociación de vecinos aseguró que es "totalmente falso" que estas viviendas no se encuentran ubicadas en ningún conjunto histórico protegido. "El hecho resulta muy fácil de demostrar, tan solo hay que recurrir a los planos municipales y comprobar que la delimitación del Conjunto Histórico Protegido de El Cabanyal comprende las calles entre Serrería y Doctor Lluch" y, por su parte, "las calles San Pedro y Luis Despuix están en su integridad dentro de ese ámbito", explicó.

No obstante, el colectivo indicó que no es "extraño" que el juez haya podido cometer "un error" en esta apreciación, ya que entre la documentación de la "abundante planimetría" del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal "no existe ningún plano en el que aparezca, ni siquiera la delimitación de la zona BIC" y, además, "tampoco resulta fácil localizar el ámbito de la zona declarada Conjunto Histórico Protegido".

Asimismo, la asociación consideró que el juez, en su decisión, parece que "ha prescindido de toda valoración sobre la capacidad de la Orden Ministerial para poder paralizar todas las actuaciones del PEPRI. Por lo visto —añadió— sobran todas las consultas sobre conflicto de competencias que se puedan realizar al Tribunal Constitucional".

El colectivo de vecinos Cabanyal-Canyamelar se preguntó si el Ayuntamiento de Valencia actúa "contra unos vecinos indefensos" y pidió a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, que les "borre de esa lista de vecinos a los que dice defender".

"Si clara, rotunda y razonada ha sido siempre nuestra oposición al PEPRI de El Cabanyal, mayor aún es, si cabe, nuestra oposición a la estrategia que desde un principio ha desarrollado para ponerlo en marcha", recalcó la asociación, quien tildó de "indigna" la actuación de "un ayuntamiento democrático, que se sigue alardeándose de no querer hablar con unos vecinos que quiere expulsar de sus casas, comparándolos con etarras".

Recurso de inconstitucionalidad

La entidad se dirigió también al Ministerio de Cultura y al Gobierno central para que "a la mayor brevedad posible, tomen la decisión que tengan que tomar sobre el recurso de inconstitucionalidad" contra el decreto del Consell que avala la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar a través de El Cabanyal.

Según la asociación, "los vecinos que sienten amenazadas sus vidas por esta estrategia municipal necesitan saber, cuanto antes, que gozan del respaldo rotundo y sin vacilaciones de quien ha tomado la decisión de considerar que es expolio lo que pretende hacer el Ayuntamiento con este barrio y con sus vidas". "No nos basta con tener fe y confianza en el futuro", apostilló.

En este sentido, lamentó que los vecinos de la calle San Pedro y alrededores "se acostarán esta noche sin poder dormir, pensando que en cualquier momento, tal vez a altas horas de la noche, alguien puede llamar a sus puertas y obligarles a hacer la maleta y a largarse, Dios sabe dónde. La prudencia, en este caso no está reñida con la máxima celeridad en las decisiones", concluyó la asociación.