Tras las comprobaciones realizadas durante el año pasado, la compañía abrió más de 8.000 expedientes por irregularidades localizadas principalmente en clientes que presentaban un escaso consumo en relación a la potencia contratada y viceversa, en locales cuya actividad comercial se desarrolla en un horario fuera de lo habitual en obras y también tras recibir avisos tanto internos como externos de posibles irregularidades en las instalaciones.

Iberdrola detectó anomalías en la medición eléctrica como consecuencia del fraude de aproximadamente 45,8 millones de kilovatios hora, lo que justifica en buena medida la cifra de pérdidas de energía sufridas por el sistema en la región durante 2009.

Esta empresa contó "en todo momento" con la colaboración de los correspondientes servicios territoriales de energía e industria de la Comunitat Valenciana, "conscientes de que cuando se defrauda energía se está perjudicando económicamente al resto de los consumidores, debido a que la actual regulación asigna las pérdidas de electricidad al cálculo de las siguientes tarifas, por lo que se provoca un incremento de las mismas", explicó la firma.

Asimismo, la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como delito en el Código Penal, por lo que en algunos casos la detección de irregularidades conllevó la correspondiente denuncia ante la autoridad judicial.

El hecho de conectarse ilegalmente a la red de distribución puede causar, además, averías en las instalaciones de las empresas distribuidoras, al superarse la capacidad prevista por las potencias contratadas, por lo que puede perjudicar al resto de los clientes.

Además, este tipo de conexiones conlleva un "elevado riesgo" para la integridad física de las personas que las llevan a cabo y también para terceros ya que implican la modificación de las instalaciones al margen de la normativa técnica vigente.