El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha desestimado el recurso de reforma, presentado por el PP, contra el auto que archivaba la causa incoada contra el que fuera alcalde socialista de Burguillos José Juan López, además de los hermanos César Torrado, por la compra de una finca de esta familia por parte de la empresa Cruz de la Ermita, participada por la sociedad municipal 'Burguillos Natural'.

En este último auto de la juez Patricia Fernández, recogido por Europa Press, se destaca la "práctica de un buen número de diligencias previas, que constituyen una entera instrucción de la causa", toda vez que en su recurso de reforma, el PP alegaba que, al margen de la prescripción de algunos hechos, las diligencias revelaban posibles delitos de coacciones, obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias o uso de información privilegiada.

No obstante, la juez considera que "procede la efectiva confirmación del auto de sobreseimiento", porque el informe elaborado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria "pone de forma irrefutable de manifiesto que los hechos en cuestión son atípicos por no alcanzar el importe defraudado como cuota el exigido por el tipo penal y, además, podrían estar ya prescritos".

Dado el caso, la juez acuerda la desestimación del recurso de reforma y la confirmación del auto de archivo, un auto que rememoraba la operación iniciada en 2001 y mediante la que la sociedad municipal 'Burguillos Natural', a través de su participación en la empresa 'Cruz de la Ermita', había adquirido a la familia César Torrado una finca de su propiedad.

En concreto, según este primer auto recogido por Europa Press, las diligencias investigaban el pago de 75 millones de las antiguas pesetas, más cuatro solares de 200 metros cuadrados cada uno, por la adquisición de estos suelos, porque sólo se habría escriturado la cantidad de 20.816.316 pesetas a la hora de formalizar la operación. De tal forma, las mencionadas diligencias indagaban la posible comisión de un delito contra la hacienda pública al oscilar entre una fase y otra de la operación la cuantía definitiva.

La juez Patricia Fernández, no obstante, argumentaba a la hora de decretar el archivo de las diligencias que "de lo actuado hasta la fecha, no resultan elementos suficientes para proseguir la instrucción", aunque "efectivamente, pudo existir un fraude fiscal por la oscilación entre las cantidades consignadas en documento privado y las que se reflejaron en la escritura pública". Igualmente, entiende la juez que "la mayoría" de los hechos estarían ya prescritos en el caso de comprobarse la existencia de delito.