Sin embargo, el representante legal del Consistorio valenciano pidió que se continúen las obras de derribo, aludiendo a diferente jurisprudencia. También respaldó su petición basándose en que estas actuaciones se encuentran contempladas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que "está vigente", y que da cobertura legal a estas licencias.

De esa manera se pronunciaron ambas partes en una vista celebrada en el juzgado que se prolongó más de una hora, después de que el pasado lunes el instructor dictaminase la paralización cautelarísima de la licencia de estos derribos tras un recurso interpuesto por el grupo socialista el mismo día.

Las dos partes implicadas discutieron los argumentos y se apoyaron en diferentes resoluciones judiciales. En primer lugar, el letrado de los socialistas aludió a que los inmuebles afectados no figuran en el BIC, pero sí como conjunto histórico protegido y, por ende, pueden obtener la protección de los BIC.

Además, argumentó que para poder proceder a los derribos se necesita una autorización previa por parte de la Conselleria de Cultura y, además, exponer un proyecto sustitutivo, con el objeto de evitar que hayan solares de forma aislada que degraden el conjunto histórico del barrio.

También hizo referencia a la última sentencia del TS que se pronuncia sobre este asunto, de fecha de diciembre de 2009, y que contempla que los derribos podrían suponer un expolio. En concreto, la resolución exponía, según recordó el letrado, que el PEPRI suponía o podía determinar la expropiación del conjunto del Cabanyal. Por todo, concluyó que los derribos afectarían al conjunto de la vía, y pidió rehabilitación del barrio y coherencia en el conjunto histórico.

Diferente protección

Frente a estos argumentos, el letrado del ayuntamiento valenciano expuso que al no considerarse BIC, "no puede pretender obtener la misma protección", al tiempo que puntualizó que para los derribos no es necesaria una autorización de la Conselleria, ya que ésta ya hizo una valoración patrimonial cuando se aprobó el PEPRI, hace ocho años, de todos los bienes incluidos dentro de este plan.

En este punto, insistió en que el PEPRI, "plenamente vigente y con total operatividad", puntualizó, ya da cobertura a estas licencias cuestionadas y expresa su legalidad, tanto a la legislación urbanística como a la patrimonial. Al respecto, recordó que ya hay nueve sentencias dictadas que confirman la legalidad de este plan —tres de ellas en casación—.

Respecto a la obligación de presentar una edificación sustitutiva, señaló que "tampoco es necesario" ya que la zona afectada "se encuentra detallada dentro del ámbito de la red viaria, de zonas verdes y de espacios libres". Así lo recoge una sentencia del TSJCV que trató un asunto idéntico en la misma calle en la que se encuentran algunos de los edificios, según dijo.

Además, ante la sentencia del TS que hablaba de expolio, el letrado se remitió a otras resoluciones, de marzo y diciembre de 2008, que contemplaban que por amplio que fuera el concepto que se quisiera dar a la actuación de la administración autonómica y local, "nunca se estaría ante un supuesto de expolio". Por todo, requirió que se continúen con los derribos, porque "son legales". El juez escuchó todos los argumentos y dejo el caso "visto para sentencia".