El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha entregado hoy al Grupo Parlamentario del PP su borrador de proposición no de Ley (PNL) para que la Cámara autonómica se pronuncie "por unanimidad" en torno a un "pacto político" que salvaguarde el "buen nombre" de la empresa, garantice su carácter público y comprometa la realización de una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El presidente del comité, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que ha entregado este documento "no cerrado" a los representantes del Grupo parlamentario popular, toda vez que dicho texto ha sido ya expuesto a los diputados andaluces de IU-CA y ahora los miembros del comité de empresa están a la espera de que el Grupo socialista de la Cámara andaluza les conceda audiencia. La intención del comité de empresa, así, es que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo en torno a este documento y sea aprobada "por unanimidad" una proposición no de Ley.

A tal efecto, explicó que los diputados populares han sido "tajantes" a la hora de rechazar cualquier tipo de "privatización" en esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento, por lo que Rafael Domínguez opinó que los populares "están por buscar una solución".

El documento, recogido por Europa Press, advierte del "deterioro de la imagen de Mercasevilla, así como el cuestionamiento de su modelo de gestión pública, debido por un lado a la labor desmesurada e interesada de utilización política" de las circunstancias que sufre esta sociedad mixta, sacudida por las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis en cuanto al posible intento de cobro de comisiones ilegales por parte de los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y la supuesta enajenación irregular de los suelos del antiguo mercado central.

El comité de empresa expone, igualmente, la situación que viven los trabajadores acogidos a los planes de prejubilación acordados bajo "el vehículo del expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo", porque "el pago de los compromisos asumidos" en cuanto a este colectivo "ha venido siendo asumido sin problemas hasta el mes de octubre de 2009", cuando "empiezan los rumores y retrasos en el pago de las prejubilaciones, curiosamente cuando se empieza a poner en cuestión por la oposición política en el Ayuntamiento y la Junta la legalidad del ERE".

Consecuencias de la "lucha política"

Para los trabajadores, "esta situación, así como el cuestionamiento del modelo público de gestión", es fruto de "la lucha política entre partidos, que entendemos legítima y democrática, pero que no puede perjudicar en ningún caso a trabajadores que se han acogido a los compromisos asumidos tanto por la Empresa como por la Junta de Andalucía, con la anuencia y el voto a favor de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla y en el consejo de administración de la empresa".

"Nos oponemos a que se utilice a los trabajadores de Mercasevilla, así como a sus prejubilados, para batallas en otras esferas fuera del ámbito de la empresa, y que con ello, se perjudique a un colectivo que nada tiene que ver con ellas", reza en el documento que el comité de empresa expone a las fuerzas políticas como borrador para una proposición no de Ley.

Así, este documento propone que la Cámara andaluza apruebe un "pacto político" para salvaguardar "el buen nombre de la empresa", que "los partidos políticos dejen trabajar a la Justicia en la investigación de los supuestos hechos delictivos, de forma independiente y sin interferencias", una auditoría a manos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, garantías sobre la gestión pública y que la Consejería de Empleo asegure "los compromisos de financiación asumidos" respecto a los ERE.