El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido resolver negativamente la reclamación patrimonial por valor de 1,2 millones de euros interpuesta por vía administrativa por los vecinos de la calle Manuel Arellano de Sevilla, afectados en su día por la construcción del aparcamiento de Crucero Baleares, en Ronda Triana, bajo la argumentación de que satisfacer esta petición no es competencia de la corporación local.

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), señaló que, en todo caso, es a la empresa constructora y a las tres aseguradoras vinculadas a la habilitación del parking —la de la propia constructora, la del aparcamiento y la de la empresa de pantallas— a las que corresponde determinar la idoneidad de esta medida.

Sin embargo, indicó Fernández, para ello es "imprescindible" la colaboración vecinal, algo que según el edil socialista no se ha producido, puesto que "en reiteradas ocasiones los técnicos han intentado personarse en los domicilios particulares y en el edificio en su conjunto para valorar los daños, con voluntad asimismo de intervenir sobre la junta de dilatación, y no se les ha dejado entrar".

Añadió que esta extremo ha sido comunicado a los vecinos el pasado mes de diciembre, por lo que ahora debe ser su representación legal la que recurra ante las aseguradoras.

Sin embargo, el abogado de los vecinos afectados, Enrique Yrazusta, explicó a Europa Press que de Movilidad "no sabemos más allá de la paralización del expediente que se llevó a cabo", que el Ayuntamiento justifica en los cambios en el concepto económico de la reclamación.

Respecto a la negativa de los vecinos a dejar entrar a los técnicos, el letrado señaló que el único hecho relacionado consistió en una comunicación de un gabinete pericial en la que se instaba, "con muy malos modos", a que se dejara entrar en los domicilios, "cuando ni vinieron de parte de nadie ni se nos informó con anterioridad, como es preceptivo".

Los afectados, que tienen una reunión el próximo 28 de enero, debatirán en ésta la presentación de un recurso judicial contencioso-administrativo al encargar dos nuevas mediciones topográficas tras el terremoto sufrido a finales del pasado año —y que propició caída de piedras en el inmueble— y arrojar éstos como resultado el movimiento del edificio en hasta un centímetro y medio en algunos puntos de la construcción.