El concejal socialista Julio Such criticó hoy en un comunicado que este año sólo podrán acceder a esa tarjeta las personas jubiladas o pensionistas, lo que ha provocado "múltiples quejas por parte de asociaciones de discapacitados". Así, consideró que es "lamentable que el PP intente hacer caja a costa de las personas discapacitadas".

El edil socialista preguntó en el último pleno municipal cuáles habían sido las razones para tomar la decisión de que las personas con un grado de discapacidad superior al 65 por ciento y no pensionistas dejen de beneficiarse del bono oro y cuántas tarjetas de este tipo se emitieron en 2007, 2008 y 2009 a las personas en esas condiciones.

Según las mismas fuentes, el equipo de gobierno contestó que "la normativa es la misma que se aplica desde 2000, sin que se hayan cambiado ni modificado las condiciones exigidas para ser beneficiario".

Sin embargo, en el pleno municipal de septiembre de 2007, el concejal de Transportes, Alfonso Novo, según recoge el acta de la sesión, dijo que "existen 3.500 valencianos con discapacidad que tienen el Bono Oro, y que, sumados a los más de 100.000 pensionistas que tienen la misma tarjeta, realizan un uso ilimitado de los servicios que presta la EMT".

De esta forma, Such señaló que, en ese momento "reconocía que 3.500 discapacitados no pensionistas cobraban el Bono Oro, aspecto que ahora niega". El concejal socialista lamentó que "este nuevo episodio de desprecio hacia las necesidades de los discapacitados no es un hecho aislado".

Asimismo, el edil recordó que según datos facilitados en septiembre de 2009 por el propio equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat tienen "atascadas" 7.135 solicitudes de discapacitados y mayores vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y cobrar las ayudas previstas en la ley de dependencia.

Such explicó que "sólo el 12 por ciento de los 8.055 solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas". De este modo, manifestó que "queda clara que la estrategia del PP es obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat Valenciana e impedir que los vecinos de la ciudad se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar".