La juez titular ha estimado el recurso que presentó Benavides, así como los otros dos imputados inicialmente, el ex concejal de Urbanismo Emilio González Pavesio y un administrativo del Ayuntamiento. Según informó el Consistorio, en un auto fechado el 25 de febrero de 2009, la entonces juez sustituta del juzgado sexitano decidió continuar la tramitación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los tres inculpados, medida ante la cual, éstos interpusieron recurso, solicitando se dejara sin efecto y se acordara el sobreseimiento del caso, solicitud que, con fecha 11 de enero de 2010, ha sido estimada por la titular, "revocando el mismo y acordando su sobreseimiento provisional".

Tras un detallado repaso de las actuaciones llevadas a cabo por los responsables municipales al ejecutar varias resoluciones administrativas y ordenar inspecciones en el camping Carambolo, la juez dictamina que de las diligencias practicadas una vez realizada una nueva valoración de las mismas y conforme a lo manifestado por el Ministerio Fiscal en su escrito de adhesión al recurso de reforma, "no se desprenden indicios de la falta de competencia de los imputados para realizar las inspecciones en materia de obras y para la adopción de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local sobre la ausencia de licencia objeto del procedimiento", por lo que considera que en el caso de que existiesen posibles irregularidades del procedimiento administrativo "son susceptibles y deben subsanarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

La pretensión "reiterada" de llevar este tipo de denuncias por la vía penal también queda detallada en los argumentos del auto en su apartado de 'razonamientos jurídicos', en el que se señala que los defectos en los que puedan incurrir las Administraciones Públicas en cuanto a la posible vulneración de las formalidades legales "deben y pueden quedar corregidos por la vía Administrativa".

Ante estos hechos, procede a "estimar el recurso", revocando el auto de fecha 25 de febrero de 2009 al cual se adhería el Ministerio Fiscal, solicitando igualmente el sobreseimiento provisional de la causa, por no resultar justificada la perpetración de delito alguno, tal como había defendido el letrado del Ayuntamiento Rafael Revelles.

El concejal de IU solicitaba como acusación particular diez años de inhabilitación para el alcalde, la misma pena para el ex concejal de Urbanismo, y siete para el administrativo del Ayuntamiento, según constaba en el escrito de acusación. Asimismo, y porque el camping había permanecido cerrado desde 2005, el edil solicitaba una compensación económica de 60.000 euros por cada año de perjuicio y 10.000 euros más en concepto de daño moral, con el Ayuntamiento de Almuñécar como responsable civil subsidiario.

Valoración del equipo de gobierno

Una vez conocido el fallo, el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Alabarce manifestó su satisfacción y recordó que "quien sí incurrió en una ilegalidad fue el concejal de IU, al engañar a Aguas y Servicios con un enganche ilegal". Tal y como ya se publicó en su día, el Ayuntamiento de Almuñécar notificó en el 2005 a 'Aguas y Servicios de la Costa Tropical' la orden del corte de suministro al camping Carambolo, al carecer este establecimiento de la correspondiente y obligatoria de licencia de apertura municipal.

El 14 de julio los técnicos de la empresa se personaron en el establecimiento y procedieron a la interrupción del suministro de agua del camping. Con posterioridad, el 26 de julio, 'Aguas y Servicios', recibió un escrito firmado por Fermín Tejero, informando que el suministro que había sido interrumpido no correspondía al camping sino al de su vivienda particular en Rancho California. Ante este escrito, 'Aguas y Servicios' procedió a verificar los datos y la dirección del lugar en el que se había interrumpido el suministro y comprobó que, en efecto, se había procedido al corte de agua en Rancho California.

Para verificar esta situación, el 1 de agosto de 2005, se realizó una nueva inspección en la que se constató que desde la vivienda propiedad de Fermín Tejero se había realizado un enganche ilegal que estaba facilitando el suministro de agua al Camping Carambolo, "utilizando suministro doméstico para uso distinto al contratado", lo cual está expresamente recogido como "causa de liquidación de fraude".

El equipo de gobierno consideró hoy que "si no se hubiera producido la inspección, el concejal de Izquierda Unida habría seguido defraudando e incumpliendo la ley, tal y como estuvo haciéndolo al dejar de cumplir con sus obligaciones tributarias como todos los ciudadanos. Algo de lo que debía dar ejemplo como concejal".

El portavoz municipal insistió en aclarar que si se pidieron de forma reiterada sucesivos informes técnicos y jurídicos fue porque "teníamos sobradas y demostradas razones para dudar de la legalidad del Camping y de que este cumpliera todos y cada uno de los requisitos que exige la normativa municipal que deben cumplir todos los negocios por igual, sean quienes sean sus propietarios".

A juicio de García Alabarce, con esta sentencia favorable "ha quedado sobradamente demostrado que lo que denunciaba a bombo y platillo en la prensa el concejal de IU, era falso, y que quien cometió actos fraudulentos, sobradamente demostrado por los informes de los técnicos, fue el señor Fermín Tejero Mesa".