Empleo dice que "nadie" tiene un fondo asegurado y que las entidades deben cumplir todos los requisitos

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, destacó hoy que "nadie" en las políticas activas de empleo tiene asignada una anualidad, "ni ningún fondo está asegurado" y además señaló que las entidades que los gestionan deben cumplir la ley y "todos" los requisitos que se exigen.

En declaraciones a los periodistas tras clausurar el taller de empleo Puesta en valor de edificios, Fernández indicó que esperará a ver qué dice el Defensor del Pueblo Andaluz después de que éste admitiera a trámite una queja presentada por la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-Andalucía) en la que advierte de los "recortes de más del 40 por ciento" que la Consejería de Empleo ha ejercido en los programas de orientación e inserción laboral que desarrolla esta entidad sin ánimo de lucro para el presente año 2010.

El consejero de Empleo apuntó que desde su Departamento se intenta que "todas las personas con discapacidad tengan unos apoyos técnicos importantes", si bien afirmó que "las entidades que la gestionan deben cumplir la ley y todos los requisitos".

Asimismo, señaló que es "importante no hacer del colectivo que tenemos un rehén para conseguir las cosas", porque "aunque socialmente y mediáticamente es muy importante, no puede ser una cohartada para no cumplir otros requisitos".

El Defensor del Pueblo andaluz investigará el trasfondo de estos recortes criticados por Feaps-Andalucía y cuál es la razón por la que se han llevado a cabo, ya que, tal y como destacó, "la crisis, que siempre es el argumento, no tiene sentido en este caso, puesto que el presupuesto de la Consejería de Empleo para el año 2010 ha subido en un doce por ciento".

Por su parte, el presidente de Feaps-Andalucía, Francisco Alonso, señaló que los servicios de empleo de la Confederación afrontan este año con un "recorte de más del 40 por ciento en su financiación", con lo que se estima que sean más de 6.000 las personas con discapacidad intelectual afectadas por esta "irresponsable iniciativa".

En total, precisó Alonso, la entidad deja de percibir este año un total de 674.657 euros menos que en 2009 para la gestión de sus programas de empleo y formación profesional, los cuales insertan en el mercado laboral a una media de 600 personas con discapacidad intelectual al año.

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