En un comunicado, la CEV señaló que "ante la posibilidad de una mayor limitación de caudales en el trasvase Tajo-Segura", considera que "también en este caso es de aplicación el artículo 149 de la Constitución".
En virtud de este artículo, "el Estado tiene competencia exclusiva" sobre "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial".
Así, la patronal de la provincia de Valencia recalcó que "es, por lo tanto, responsabilidad del Gobierno de España y del Parlamento ejercer la autoridad que les da la constitución".
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