El instructor del atestado de la 'Operación Navío', nombre con el que se bautizó a la investigación policial llevada a cabo en 2007 en Valladolid, aseguró hoy, durante la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial, que Pedro Domingo F.R. (alias 'José Luis), José Miguel C. (alias 'Chori') y Eligio M. (alias 'Fiti') ya habían sido investigados anteriormente por su supuesta implicación en otras importantes operaciones de narcotráfico.

El testigo, cuya declaración se prolongó por espacio de más de tres horas, especificó que ya en 2000 José Miguel C. estuvo en el punto de mira de la Agencia Antidroga de EE.UU (DEA) por su presunta implicación en el intento de introducir en España a través de Panamá un total de 320 kilos de cocaína en un cargamento de zapatos, ya que figuraba como remitente del envío, y un año después la Audiencia Nacional le investigó cuando vivía en Castellón en relación con otro cargamento de 950 kilos de la misma sustancia incautado en Vinaroz.

Pero además, el funcionario policial, en declaraciones recogidas por Europa Press, mantuvo su convicción de que otras dos de las ocho personas que están siendo juzgadas en Valladolid, Pedro Domingo F.R. y Eligio M, fueron quienes "dirigieron" otra operación de narcotráfico investigada en 2006 por la UDYCO de Oviedo saldada entonces con la ocupación de 14 kilos de hachís y la detención de dos ciudadanos de origen marroquí.

Todo ello, sumado a las informaciones recibidas de fuentes anónimas y confidentes', fue lo que llevó en 2007 a la Policía Nacional de Valladolid a sospechar de que 'José Luis' y 'Chori', en calidad de principales cabecillas, estaban intentando formar con 'Fiti' y otros colaboradores una infraestructura delincuencial al amparo de empresas 'tapadera' con el verdadero fin de importar desde Colombia cocaína que llegaba oculta entre madera y muebles.

Los 'pinchazos' telefónicos, como así mantuvo el instructor, fueron cruciales para ir descubriendo al resto de componentes de la banda, como María del Carmen del R.G, entonces novia de Pedro Domingo F.R. y que habría financiado la importación de la droga de Colombia; Arturo R, al que se acusa de haber aportado la empresa 'Compañía de Basuras y Servicios' S.L. para dar apariencia legal a la actividad, así como los colaboradores Santiago G.M, Luis S.O, ambos detenidos el 22 de octubre de 2007 cuando descargaban el contenedor ante una nave del polígono industrial de Villares de la Reina (Salamanca), y Javier R, al que se considera 'lugarteniente' de José Miguel C. ('Chori').

"todos estaban al corriente"

"Todos ellos estaban al corriente de que el contenedor contenía cocaína y colaboraban en distinto grado", insistió el testigo, quien en un primer escalafón organizativo situó al 'Chori' y a Pedro Domingo F.R, del que aseguró que, dada la grave ludopatía que sufría, "engañaba a todo el mundo pues la mayor parte del dinero que obtenía se lo jugaba". También colocó en un lugar destacado a Eligio M. ('Fiti'), quien en una conversación telefónica llegó a asegurar que si la cosa salía bien se retiraba.

Durante la segunda jornada del juicio, una de las ocho defensas personadas llegó a solicitar, sin éxito, la suspensión del juicio al objeto de que Vigilancia Aduanera aclarara por qué autorizó a Pedro Domingo F.R. retirar el contenedor que se encontraba en zona franca del puerto de Valencia, pese a no ser el representante legal de la empresa que figuraba como receptora del mismo.

Otras tres de las defensas, en contra del criterio del fiscal y de otros cuatro defensores, se adhirieron a la petición de suspensión por entender que se trataba de una prueba de gran importancia para determinar si la Policía Nacional autorizó tal recepción, a sabiendas de que se estaba incumpliendo la normativa aduanera, con el único propósito de que el contenedor llegara a Salamanca y pudiera así detener a los supuestos implicados.

La Sala, sin embargo, acordó la continuación de un juicio que, con toda probabilidad, se prolongará hasta la próxima semana. Con carácter provisional, las penas más duras, 16 años de prisión y multas de 8.910.000 euros, podrían recaer en Pedro Domingo F.R. y José Miguel C, mientras que el resto se expone a penas de 11 años y multas de 2.970.000 euros, tal y como solicita el Ministerio Fiscal.