Fuentes del comité de empresa de Sevilla Global indicaron a Europa Press que estos despidos, que han supuesto el cierre de la zona Norte de los talleres prelaborales, se han producido después de que la asamblea de la plantilla debatiera el pasado mes de diciembre la oferta de la Gerencia, que proponía que los 35 empleados cuyos contratos fueron transformados se reconvirtieran en trabajadores fijos discontinuos.

En dicha asamblea los empleados no lograron llegar a un acuerdo sobre la aceptación de la propuesta, según el comité de empresa, que precisó que la justificación dada por la directiva de Sevilla Global para los despidos obedece a una "fuerte" reducción del presupuesto para el próximo ejercicio.

El que fuera gerente de Sevilla Global durante el mandato de Jon Ander Sánchez, José Ramírez, transformó en indefinidos los contratos de 35 empleados eventuales y ascendió de nivel a 18 trabajadores justo antes de que se consumara la renuncia de Sánchez por graves discrepancias con el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos.

El consejo de administración de Sevilla Global ya acordó encomendar a la asesoría jurídica de la empresa municipal el inicio de acciones contra José Ramírez, que abandonó su cargo de manera simultánea a Sánchez. Ello se debe, según informaron a Europa Press fuentes municipales, a la finalización de un informe jurídico que considera ilegal la acción del ex gerente, pues detecta la comisión de presuntos ilícitos e irregularidades en el desempeño de las responsabilidades de Ramírez.

Así, el documento deja claro que el ex gerente actuó "fuera de los procedimientos legales y estatutarios" en las contrataciones y subidas de nivel. Igualmente, acredita que procedió "con malicia, intencionalidad y abusando de las funciones" que le habían sido conferidas.

Según el informe, Ramírez operó en contra de lo establecido en los Estatutos Sociales, lo ordenado en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y lo contemplado en el convenio colectivo de Sevilla Global, sin que tampoco se respetaran las bases de ejecución del presupuesto para 2009. Por lo tanto, prosigue el estudio jurídico, "incurrió en responsabilidad frente a la sociedad, y si fuera el caso, también ante terceros, pues no podemos olvidar que aquélla se nutre de fondos públicos".