Así lo acuerda el magistrado instructor de las diligencias, Santiago Pérez Obregón, miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, en un auto hecho público hoy, contra el que puede presentarse recurso.

La instrucción del caso Lagunilla comenzó a raíz de una querella del Partido Popular porque entendía que se podía haber incurrido en un delito de falsedad documental, ya que se abonaron cuatro certificados de obra ejecutada por valor superior a 382.000 euros cuando los trabajos en el edificio Lagunilla, futura sede de la Dirección General de Desarrollo Rural, no habían comenzado.

El consejero ha mantenido en todo momento que se trataba de un error y que en realidad eran anticipos, una tesis que ya hizo suya la Fiscalía cuando el pasado mes de diciembre pidió el sobreseimiento de la querella.

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