El colectivo vecinal manifestó en un comunicado su deseo de que Cabanyal 2010 —responsable del desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal e integrado por el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) y de la empresas municipal Aumsa— "no ordene ningún derribo más en el Conjunto Histórico Protegido del Cabanyal-Canyamelar".

No obstante, Salvem el Cabanyal aseguró que "en el caso de que, por orden del Gobierno municipal intente destruir el patrimonio", realizará una "convocatoria ciudadana pacífica con la finalidad de 'abrazar las casas".

Además, la plataforma incidió en que acudirá "immediatamente" a los juzgados pidiendo la paralización y denunciará ante la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana "la situación de peligro del patrimonio".