La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, consideró hoy que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, "puede haber cometido un presunto delito de prevaricación" al firmar la orden de su departamento, conocida el pasado lunes, que declara "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar y plantea su paralización.

Barberá señaló, en rueda de prensa, que al conocer esta decisión, que calificó de "injusta" y de "barbaridad", tuvo la "sensación" de que a González-Sinde, desde la sede de la vicepresidencia del Ejecutivo central, "le han puesto delante un papel para que lo firmara" y de que la han situado en "una trampa" y en "un problema". Destacó que la ministra, que "no tiene ni idea del tema" de El Cabanyal, "se ha metido a paralizar cosas que nada tienen que ver con el Gobierno" y que no son de su competencia.

Indicó que "se va a mandar estudiar penalmente" la firma de la ministra y manifestó que es "similar a un brioso trote del caballo de Pavía" pero en el siglo XXI y contra "dos gobiernos legítimos", el del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, precisó. Lamentó que la decisión del Ministerio de Cultura ha "obviado" las "tres" sentencias del Tribunal Supremo que "no ven expolio ni en el más amplio sentido de la palabra" en el desarrollo del PEPRI y las "nueve" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avalan también esta intervención y su "legalidad".

La primera edil, que dijo que estos fallos "crean jurisprudencia" y afirmó que cuando gobierna el PSOE "se corrompe el Estado de Derecho", criticó el "exabrupto" de la administración central, "a través del Ministerio de Cultura", "contra actuaciones legales" del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat. Apuntó que estas dos administraciones "no van a consentir que desde un órgano administrativo se rectifique al Tribunal Supremo". "Nosotros hace diez años que ya venimos de los tribunales con el zurrón lleno de razón", resaltó.

Asimismo, sostuvo que a pesar del "ataque desmesurado" y el "terremoto" vivido en los últimos días por la orden ministerial, la administración autonómica y la municipal pretenden con toda "la normalidad posible, continuar el desarrollo del PEPRI" que "se llevará adelante tal y como estaba previsto". Aseveró que a ello contribuirá la "intervención ágil y rápida" del Consell, en alusión a la aprobación ayer de un Decreto-Ley que, "con rango de ley", indica que la protección dada a El Cabanyal "es compatible con la ejecución plena del PEPRI".

Rita Barberá rechazó la intención de "imputar" a Ayuntamiento y Consell "la culpabilidad de la degradación de El Cabanyal" y dijo que esta situación la promueve quien "no hace nada", según dijo, el PSOE durante los años que gobernó el consistorio valenciano. Declaró que los socialistas son "los únicos responsables de la degradación" de este barrio antes "por inacción" y ahora "por intentar paralizar la protección" de esta zona. "PROGRESO"

Comentó que cuando el PSOE estaba al frente del Ayuntamiento planteaba como un "objetivo irrenunciable" la prolongación de Blasco Ibáñez aunque decidió "diferir la actuación" a otro gobierno local. Señaló que su equipo es el que "tiene un reconocimiento de la Unesco por la recuperación del patrimonio", además de subrayar que el PEPRI "incluye mejoras ciudadanas, dotaciones vecinales y de servicios, la prolongación —de Blasco Ibáñez— y 600 viviendas protegidas". Consideró que la paralización del plan ordenada por el Gobierno "quiere decir degradación" para El Cabanyal y "evitar" su "progreso".

La alcaldesa citó algunas de las actuaciones de recuperación, por un total de 46 millones, que se han llevado a cabo en este barrio como el Jardín de la Remonta, la rehabilitación de El Casinet, del Ateneo Musical, del Museo de la Semana Santa Marinera y el del Arroz, del Teatro el Musical; la urbanización de diferentes calles, el aparcamiento de la calle Martí Grajales y la biblioteca de la Casa de la Reina.

Barberá compareció junto al vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, tras la reunión que celebraron en el consistorio valenciano junto a responsables del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) y de la empresa municipal Aumsa. Estas dos entidades conforman la sociedad Cabanyal 2010, responsable del desarrollo del PEPRI de El Cabanyal.

Explicó que el objetivo de este encuentro era abordar las actuaciones que esta sociedad tiene previsto llevar a cabo, conforme a lo que establece el PEPRI y a través de la financiación del Plan Confianza, impulsado por el Consell. Para poder ejecutar estas actuaciones el pleno del Consell acordó ayer reconocer a esta entidad "la condición de medio propio y servicio técnico de la Generalitat a los efectos previstos en la Ley de Contratos del sector público".

Juan Cotino, por su lado, criticó que el Ejecutivo central se base en "informes hechos a medida" y comparó la firma de González-Sinde para parar el PEPRI de El Cabanyal con la de la vicepresidenta primera, Mª Teresa Fernández de la Vega, para derogar el trasvase del Ebro. Apuntó que la "parálisis" del Gobierno lleva a "la realidad social de España, con la gente parada", señaló que el PEPRI estaba recogido en el programa electoral de Barberá y avalado por las urnas, y defendió las competencias que corresponden a la Comunitat.

Plan confianza

Dentro del Plan Confianza y con una inversión aproximada de 52 millones de euros, la responsable municipal citó actuaciones "fundamentalmente" en el Bulevar San Pedro como la adquisición de viviendas para su urbanización y un aparcamiento de cien plazas, así como un edificio para realojos, la renovación de aceras y calzadas en distintas calles. Subrayó que la inversión total prevista en El Cabanyal es de 300 millones y acusó al Gobierno de no querer que lleguen a este barrio.

Rita Barberá pidió al delegado del Ejecutivo central en la Comunitat, Ricardo Peralta, respecto a las actuaciones sobre este barrio, que actúe con la "serenidad propia del Gobierno de España" y que no llame a la "rebelión jurídica". Opinó que eso es algo "más propio" de los "orígenes políticos" de Peralta.