El Gobierno valenciano aprobó hoy en pleno un Decreto-Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia que declara "expresamente" que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) de El Cabanyal "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad contenida en el Decreto del Consell 57/1993, de 3 de mayo, por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) al conjunto histórico de Valencia", incluido este barrio.

El Consell estima que "es preciso que mediante una norma con rango de ley, específicamente dirigida a tutelar la situación de El Cabanyal, se ponga definitivamente de relieve que la protección del conjunto histórico de Valencia", declarado Bien de Interés Cultural en dicho en Decreto 57/1993, "es compatible con la ejecución plena del PEPRI".

Así lo explicó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, que indicó que con esta decisión el Ejecutivo valenciano ha querido, ante lo que consideró un "ataque" y una intromisión del Gobierno central en las competencias de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, "dar fuerza de ley a lo que ya declaraba el Decreto de 1993", de modo que "prevalezca frente a cualquier acuerdo ministerial". El Decreto-Ley deroga cualquier norma de igual o inferior rango que se oponga a lo previsto en él y en concreto el Decreto 57/1993.

La administración autonómica ha adoptado esta decisión tras la orden del Ministerio de Cultura, conocida el pasado lunes, de declarar como "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas de PEPRI de El Cabanyal-Canyameral. El Tribunal Supremo (TS), en una sentencia de 25 de mayo de 2009, emplazó a este departamento ministerial a pronunciarse sobre si el desarrollo del PEPRI de El Cabanyal supone o no expolio.

El Consell ha aprobado dicho Decreto-Ley a propuesta conjunta de los consellers de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, y de Cultura, Trini Miró. Esta medida también "autoriza expresamente las actuaciones e intervenciones sobre la estructura urbana y arquitectónica prevista" en el PEPRI, presentado y aprobado por el equipo de gobierno de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y ratificado por la Generalitat en 2001.

La resolución del Gobierno valenciano establece que "lo órganos y personal competentes quedan autorizados a realizar los actos de ejecución" de dicho proyecto "sin que puedan verse menoscabados por actos o acuerdos de otras administraciones". Indica que es la Generalitat a la que le compete definir los valores que hacen acreedor a un BIC, por concederlo ella, de la protección que le otorga esta declaración. De esta forma, señala que no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que el Consell cree que no afectan a estos valores.

El Decreto-Ley se fundamenta en el artículo 49.1.5ª del Estatut d'Autonomia de la Comunitat, por el cual la Generalitat asume competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la expoliación.

"mejora la protección"

El Ejecutivo autonómico considera que este plan "produce una mejora de relación del barrio de El Cabanyal con su entorno urbano y evita usos degradantes para el propio conjunto". Asimismo, estima que "mejora la protección el conjunto histórico de la ciudad, siendo un instrumento eficaz para la mejor consecución de los fines generales del artículo 11 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y de los específicos del Decreto del Consell 57/1993".

Paula Sánchez de León, que compareció junto al conseller de Urbanismo, Juan Cotino, destacó al inicio de su intervención que la decisión del Consell de celebrar hoy su pleno y no mañana, como todos los viernes, se debe a que "acontecimientos especiales de los últimos días", en alusión a la orden del Ministerio de Cultura, hacía necesario trasladar una respuesta "contundente" y "rápida" por parte de la Generalitat a lo que consideró "un nuevo ataque" a los valencianos desde el Gobierno central para, ahora, "paralizar el PEPRI de El Cabanyal".

La portavoz señaló que el Consell "no va a permitir que se juegue" con él ni "con los intereses de la Comunitat, de sus ciudadanos y de sus instituciones" y apuntó que los defenderán "con todos los medios que hagan falta". Aseguró que la "legalidad" del PEPRI de El Cabanyal está avalada por "doce sentencias, nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y tres del TS" y dijo que estos fallos "respaldan" también la actuación, "en el ámbito de sus competencias", del Ayuntamiento de Valencia y Generalitat en este proyecto.

Destacó que en una de sus sentencias, el TS recoge que esta intervención urbanística "no tiene encaje en el concepto de expolio" y lamentó que la orden de Cultura "obvie" esta resolución y tenga en cuenta otros informes en los que "se habla de expolio". Sánchez de León, que afirmó que el PEPRI se desarrollará "de acuerdo con toda la legalidad vigente", ratificó todas las medidas anunciadas el pasado martes por el consistorio valenciano y el Consell en contra de la decisión del ministerio, entre ellas un recurso ante la Audiencia Nacional y plantear un conflicto de competencias.

Preguntada por si se desprotegerá el BIC de El Cabanyal, respondió que "no" y que no se cambia la protección ya dada a este barrio. Dijo que "lo que se hace a través del Decreto-Ley es especificar la protección que se daba a El Cabanyal" y "darle fuerza de ley" a lo recogido en el Decreto de 1993, "de forma que prevalezca frente cualquier acuerdo ministerial".

"ya hay bastante"

Por su lado, Juan Cotino justificó el desarrollo del PEPRI y la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar por constituir unas obras que "darán vitalidad" a El Cabanyal y serán "importantes" para toda Valencia. Recordó también las sentencias que avalan esta actuación y afirmó que frente a las decisiones del Gobierno central, el plan, recogido en el programa electoral del PP, ha sido refrendado en las urnas con un "porcentaje elevado", además de negar el expolio.

El conseller indicó que el Consell "no tolerará ni un segundo más la intromisión del Gobierno central en sus asuntos" y señaló que con lo aprobado hoy ha dicho "ya hay bastante". Manifestó que la Generalitat ha hecho "lo que la ley permite" y aseguró que el PEPRI "no va a parar".