Centeno explicó que en 2009 continuó la tendencia a la baja en el número de expedientes, ya que se ha reducido "ligeramente" la cifra respecto a 2008, cuando se tramitaron un total de 120 expedientes. A su vez, esta cifra estaba por debajo de los 147 expedientes abiertos en 2007 lo que demuestra que "la sociedad valenciana es cada día más consciente de que algunas imprudencias pueden provocar incendios", apuntó.

Además, resaltó que "lo que se pretende con estas actuaciones es persuadir a los ciudadanos de que determinadas actividades están prohibidas porque comportan un elevado riesgo de provocar un incendio sin quererlo". Así, Centeno precisó que "no se actúa únicamente en el caso de que se produzca un incendio forestal, sino antes de que llegue a producirse".

Por ello, "en la mayor parte de los casos se inicia un procedimiento sancionador cuando se producen hechos que suponen un incumplimiento claro de la normativa de prevención". En concreto, "es especialmente grave la realización de fuego en terrenos forestales o en una franja de seguridad de 500 metros del monte, sin autorización, o incumpliendo las condiciones de seguridad recogidas en la misma".

Del total de expedientes, un 28 por ciento del total se debió al incumplimiento de la normativa reguladora sobre realización de quemas de restos agrícolas o forestales. La mayoría de éstos se registran en la provincia de Castellón en la que se han contabilizado 28 expedientes por este motivo.

También hay varias sanciones por incumplimiento del decreto, por la realización de hogueras o por encender fuego, en general. Las sanciones por estos incumplimientos oscilan entre los 601,02 y los 180.303,63 euros, en el caso de que sean faltas muy graves.

Centeno aseguró que la Conselleria de Medio Ambiente tiene la potestad para instruir los expedientes sancionadores, por lo que "todas las autoridades y personal funcionario de la Comunitat Valenciana están obligados a comunicar a la administración forestal las actuaciones, acciones u omisiones de la Ley Forestal de las que tengan conocimiento".

La mayoría de las sanciones se han iniciado a instancias de una denuncia formulada por los agentes medioambientales de la Conselleria, a las que hay añadir la labor realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Policía Autonómica, las Policías Locales, así como las denuncias formuladas directamente por particulares.