Una treintena de personas que fueron detenidas el pasado día 21 durante el derribo de diez viviendas ilegales situadas en Majadillas Bajas, en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), anunciaron hoy que emprenderán acciones judiciales contra la Policía Local por "detención ilegal" y "abuso de autoridad", y también contra el Ayuntamiento chiclanero, al que consideran último responsable.

El portavoz de los afectados, José Luis Velázquez, explicó a Europa Press que él mismo fue uno de los detenidos el día de la demolición, cuando fueron acusados de "desobediencia y resistencia a la autoridad", algo que niega por completo por considerar que fue la Policía Local la que "agredió a algunos de los detenidos física y verbalmente".

En este sentido, señaló que todos los detenidos fueron "absueltos" ya que "el auto por el que se decreta el sobreseimiento, lo primero que establece es que no ha habido acusación particular". Por ello, los afectados argumentan que la Policía Local actuó "bajo la orden del Ayuntamiento de detener a quien hiciera falta para justificar ese derribo".

Por contra, ensalzó la actuación de los efectivos de la Guardia Civil el mismo día 21, ya que, en su opinión, actuaron "de forma profesional, instando a los vecinos a salir pacíficamente y escoltándolos luego sin que ninguno de ellos fuera detenido".

Según dijo, aún se está estudiando la forma en la que se presentará la demanda por parte de los afectados, quienes solicitarán el levantamiento del historial policial que pesa sobre ellos, ya que "somos 30 ciudadanos que nunca hemos tenido problemas con la justicia y, tras la detención, contamos con antecedentes policiales".

Velázquez señaló que, para que no suponga un perjuicio económico a los afectados, estas actuaciones se harán a través de la asesoría jurídica de Defensa de los Intereses del Pueblo Andaluz (DIPA), partido que él mismo encabeza y que concurrió por primera vez a las elecciones en 2007 sin obtener representación en la Corporación municipal.

Huelga de hambre y '

Salvemos chiclana'

Por otro lado, el portavoz de los afectados expuso que el promotor de las viviendas, de 64 años de edad, ha iniciado una huelga de hambre "indefinida" ante la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana como medida de protesta.

Según dijo, esta persona vendió las propiedades a sus hijos, que son "los actuales propietarios de las viviendas", por lo que defendió que "no fueron construidas con fines especulativos", tal y como aseguran desde el Consistorio chiclanero.

Asimismo, expuso que se ha creado la plataforma 'Salvemos Chiclana' con el fin de evitar que haya más derribos. Para ello proponen que se abra "una puerta legal" que los evite, así como el establecimiento de medidas que pongan fin a la construcción de más viviendas ilegales, que es "lo que se ha venido haciendo en Chiclana en los últimos 30 años".

Finalmente, enfatizó que, "en contra de lo que dice el Ayuntamiento", la orden de derribo de esta promoción procedió "de un decreto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y no del juzgado", que lo que hizo fue "autorizar la entrada" a las viviendas.

Versión municipal

Según explicó el Ayuntamiento el día de la demolición, estas casas fueron levantadas de forma ilegal para venderlas, violando el constructor numerosos requerimientos municipales en diferentes ocasiones, llegando incluso a romper seis precintos.

En este sentido, insistió en que las diez viviendas fueron construidas con "fines especulativos" por parte de una empresa familiar de la localidad y, a pesar de que a comienzos de 2007 se le notificó al promotor que parase la construcción, éste la continuó.

Así, concluyó que ante la inminencia del derribo, en las últimas semanas dejó las casas a familiares, por un lado, y alquiló a otras personas sin informarles de que las viviendas serían demolidas en breve.