El Gobierno regional ha tenido que elaborar esas normas para dar cobertura legal al citado pago, debido a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) determinó que no existía sustento jurídico para el mismo. El objetivo es que las normas entren en vigor el 1 de enero de 2010.

Se trata de los proyectos de ley del Principado de Asturias de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos y del proyecto de Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, para la regulación de la carrera horizontal.

"Son dos leyes que van a dar estabilidad jurídica a incentivos económicos que perciben los empleados públicos del Principado de Asturias, que van ligados a procesos de mejora de la prestación de servicios que se da a los ciudadanos", señaló Migoya, qué resaltó la importancia de dar "cumplimiento" a lo estipulado por la sentencia del TSJA. Los trabajadores afectados, que han recibido el incentivo, son unos 14.000.