La ordenanza cívica se aprobó hace un año y establece sanciones económicas que pueden llegar a los 3.000 euros por la realización de pintadas en la vía pública, desórdenes o botellón. Ahora, los técnicos municipales han planteado a los grupos políticos del Ayuntamiento la posibilidad de rebajar un 50 por ciento las multas para hacerlas asumibles y que la ordenanza sea factible y se pueda aplicar.

De los tres grupos de la oposición municipal (CHA, IU y PP), el Partido Popular ha manifestado su oposición a esta modificación, ya que argumenta que la ordenanza se elaboró y aprobó con sanciones elevadas, no por afán recaudatorio, sino disuasorio y evitar así la realización de actos vandálicos.

Ana Alós, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huesca, señaló que "la justificación que se nos está dando para rebajar estas multas es que están por encima de otras sanciones y nosotros entendemos que no se deben rebajar estas, sino modificar las otras para que sean acordes al espíritu con el que se aprobó la ordenanza".

Para Alós rebajar las sanciones supone una contradicción respecto del planteamiento inicial. "Rebajar las multas es entrar en contradicción, porque lo que se pretendía es evitar actos vandálicos y hay que mentalizar a los jóvenes y responsabilizar a los padres de que se encarguen de sus hijos para que, entre otras cosas, no destrocen mobiliario urbano que cuesta mucho dinero a todos los ciudadanos", apuntó la representante Popular.