En una nota, el Ayuntamiento indicó que esta propuesta surgió a partir del documento que los representantes del comité de empresa de Mercasevilla entregaron a Torrijos en la reunión que mantuvieron el lunes 14 de diciembre. Tal y como anunció el portavoz de IU en el último Pleno municipal, se ha enviado una carta de convocatoria a los dos portavoces de los otros grupos municipales, con la intención de obtener el mayor consenso posible.

El pacto se asienta sobre la premisa del carácter público de la empresa Mercasevilla, que cierra cualquier opción a un posible proceso de privatización. El segundo punto básico es la necesidad de salvaguardar el buen nombre de la empresa y sus trabajadores, que debe mantenerse en el marco de un debate político "sano" y alejado de controversias.

"Sin perjuicio de que la justicia prosiga con cuantas acciones sean necesarias, el beneficio general de la empresa exige que dichas actuaciones sean trasladadas con suficiente prudencia y sin ejercicios demagógicos, para evitar el perjuicio que para la empresa y sus trabajadores tiene el verse expuestos continuadamente al impacto de noticias negativas", según los términos del acuerdo, que añade que "es necesario para ello el compromiso de todos los grupos políticos para mantener estos hechos al margen de la actividad diaria de la empresa".

Este Pacto por Mercasevilla apuesta por la búsqueda de soluciones que permitan que los trabajadores prejubilados reciban las percepciones acordadas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Asimismo, otro punto de consenso debe establecerse sobre la base del mantenimiento de las tasas, que sustenta el funcionamiento de la empresa gravando de forma porcentual las ventas de los mayoristas. También se espera abrir un debate sobre los problemas y posibles soluciones de funcionamiento de los mercados, con la intención de buscar el consenso para la mejora de los mismos, haciéndolos más eficientes.

Algunos de los otros puntos del acuerdo propuesto por los trabajadores son establecer controles periódicos, racionalizar los gastos en cuestiones no relacionadas directamente con los mercados o establecer cauces de asesoramiento a los comerciantes con dificultades ante organismo públicos o privados.

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