El ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, admitió hoy ante el juez que instruye la Operación Maquillaje que en la pasada legislatura encargó a Studio Media, una de las productoras investigadas en el caso por recibir subvenciones millonarias de fondos públicos de forma presuntamente irregular, grabaciones sobre patrimonio por 12.000 euros "sin mirar en absoluto" las condiciones de la empresa adjudicataria, ya que "tenía mucho trabajo", y aseguró que "no tenía conocimiento" de que estos espacios ya hubieran sido emitidos con anterioridad.

Así lo expuso ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, el fiscal anticorrupción Juan Carrau y varios abogados personados en la causa, durante una declaración de menos de una hora de duración y a raíz de la cual el Ministerio Público pedirá esta tarde, en una comparecencia que arrancará a las 17.00 horas, medidas cautelares contra el imputado. Se da la circunstancia de que, por otra pieza separada del caso Son Oms, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha decretado hoy para Vicens prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

Durante su declaración en torno al caso Maquillaje, Vicens manifestó que Alfredo Conde, ex director de Ona Mallorca -puesta en marcha por Studio Media- y presunto testaferro de Vicens en la sociedad Metalumba -mediante la que el ex conseller presuntamente cobró el 15 por ciento de comisiones obtenidas a cambio de la recalificación del polígono de Son Oms- le propuso hacer este programa y "me pareció bien", aunque puntualizó que nadie le advirtió de que ya se había hecho este tipo de programas culturales.

"Llevaba competencias de Territorio y de Patrimonio, bastante trabajo tenía como para preocuparme por la radio, por la televisión o por la tercera edad", espetó de forma contundente Vicens a preguntas del fiscal.

Asimismo, sobre el hecho de que diese un contrato a la sociedad que hasta hacía pocos meses le había estado pagando -entre 2001 y 2003 recibió de Studio Media igualas mensuales por unos 300 euros por sus servicios como abogado, según recordó-, respondió que no le pareció incompatible, ya que ambos trabajos pertenecían a dos legislaturas distintas e incidió en que "toda mi vida he trabajado de abogado".

El encausado aseveró al mismo tiempo no tener "ni idea" de negocios de radio y televisión, y recalcó que Conde no le consultaba nada sobre cuestiones financieras o económicas. Al mismo tiempo, volvió a reconocer que antes de conceder el contrato no sondeó otros medios de difusión, y que Conde no le advirtió de que esos programas "estaban ya hechos y emitidos". Respecto a la tramitación administrativa de los contratos con el Consell de Mallorca, recordó que su presunto testaferro "no me consultó".

No votó subvenciones para vídeo u

En su comparecencia, Vicens manifestó, en relación a otra de las productoras investigadas, Vídeo U -presuntamente vinculada al ex vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, también imputado-, no votó subvenciones para esta empresa ya que aunque era miembro del equipo de gobierno no era electo. En esta misma línea, afirmó incluso que no se enteró de la tramitación de subvenciones de Studio Media, ni de Vídeo U, y que "no sé ni quién es Vídeo U".

En referencia a sus servicios como abogado en favor de Studio Media, explicó que cuando en 2003 pasó a tener cargos públicos, cerró su despacho y pasó todas las igualas a Nadal, que ocupaba un cargo público compatible. Por último, en relación a Elisabeth Diéguez, esposa de Conde y también encausada en este procedimiento, manifestó que también con ella mantenía contacto ya que era la administradora de Metalumba.

El imputado abandonó los Juzgados de Vía Alemania acompañado de sus letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, para dirigirse de inmediato a las dependencias del TSJIB, donde la Fiscalía pediría prisión bajo fianza de 250.000 euros, que el tribunal rebajó a 100.000, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia tras haber sido condenado a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación dentro de otra pieza separada del caso Son Oms.