Mariano R.S., el anciano de 80 años acusado de degollar a su esposa, de la que tenía una orden de alejamiento por denuncias y amenazas, defendió hoy que no tiene "ninguna culpa" en la muerte en 2007 de Basilisa, de 76 años de edad, en la casa de su hija en la localidad de Puente Arce.

Así lo ha manifestado en su última intervención ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que le ha juzgado desde ayer por un delito de asesinato por el que se le piden 18 años de prisión, en un caso que ha quedado hoy visto para sentencia.

Mariano cerró el juicio, utilizando su derecho a tener la última palabra, que empleó para defender el trato dado a lo largo de su matrimonio su mujer y a sus hijos, quienes ayer, en el transcurso del juicio, relataron los malos tratos psíquicos y los insultos y amenazas a los que les sometía su padre.

Así, el acusado relató que durante los 50 años que duró su matrimonio llevaba a Basilia a "toda clase de restaurantes todos los domingos y días de fiesta" y que "nunca" le puso obstáculos para que fuera a conciertos y excursiones, donde "llevaba dinero siempre". "Y a mis hijos les he dado todo lo que más he podido", aseveró, refiriendo que les compró pisos "a cada uno", coches y el negocio, la panadería familiar.

Por su parte, en los informes finales, la acusación particular, ejercida por los tres hijos de la pareja, recordó que Basilia no creía en la Justicia, según le había manifestado la propia Basilia. La letrada lamentó que "tenemos que darle la razón porque el sistema había fallado", pero mostró su confianza en que la justicia pueda darle ahora "todo el castigo que se merece" al acusado.

Tanto esta parte como la fiscal y la abogada de la acusación popular ejercida por el Gobierno de Cantabria describieron, en base a los testimonios escuchados en el juicio, el carácter de Mariano como un hombre "dominante, violento, agresivo, mentiroso compulsivo" y "machista", que "siente desprecio por las mujeres".

Frente a esto, la defensa presentó a Mariano como un hombre con un "comportamiento impecable" con su familia y que contribuía al mantenimiento de la sociedad y su entorno, apoyo en testimonios como el del párroco de Monte, donde residía la familia hasta que se produjeron los hechos.

En el plano jurídico, lo que se dilucida es si la muerte de Basilisa fue un homicidio o un asesinato en el que hubo alevosía, como sostiene el Ministerio Fiscal y las acusaciones. Los hijos inciden en que Basilio "mató a su esposa de forma vil y cobarde", al atacarla con un cuchillo de 35 centímetros que se llevó de su domicilio por detrás, "eliminando toda posibilidad de defensa.

El Ministerio Fiscal apoya esta tesis remitiéndose a las heridas de la víctima, que llegaron a "astillar" la columna vertebral de Basilia, mientras que la defensa sostiene que ambos estuvieron cara a cara y su esposa le vio o escuchó llegar, por lo que el "elemento sorpresivo se reduce o no existe" y las heridas se produjeron en el transcurso del forcejeo.

La defensa plantea como una de las circunstancias atenuantes la confesión de los hechos por parte de Mariano, que se desplazó después al cuartel de la Guardia Civil de Santander. No obstante, las acusaciones señalaron que según los testimonios de los agentes, su primera intención fue denunciar una presunta agresión sufrida por él a cargo de su mujer, no mostrando signos de arrepentimiento. Su defensa matiza que aunque no dijo "toda la verdad", sí que facilitó que se iniciara la investigación que desembocó en su detención y este juicio.

También hubo discrepancias en si se ha reparado el daño sufrido por los hijos. Una prima del acusado reveló ayer que, desde la cárcel, este dio orden de la firma de un poder notarial para este tipo de operaciones, pero las acusaciones aseguraron que se desconoce la existencia de ese poder y, en cualquier caso, sus intenciones concretas.

La defensa precisa que hay una "imposibilidad legal" de reparar el daño porque no se ha liquidado la sociedad de gananciales, y que el acusado suministro casas y negocios a sus hijos, careciendo de liquidez. PENAS

En total, la defensa pide para el acusado siete años de prisión por homicidio, con las atenuantes de haber confesado los hechos, dilaciones indebidas —retrasos procesales— y la reparación del daño.

El Ministerio Fiscal 18 años de prisión por un delito de asesinato, al que suma otro año por quebrantamiento de condenada y 8.268 euros de indemnización para cada uno de los tres hijos, que, como acusación particular, elevan la petición de prisión a 20 años y la indemnización 60.000 euros por cada uno.

A estas penas, se suma otro año de prisión —que la defensa no cuestiona— por el quebrantamiento de una condena anterior, en la que se le imponía una medida de alejamiento de su esposa, que fue dictada apenas seis días antes de los hechos.