Así lo dieron a conocer a Europa Press fuentes del caso, quienes precisaron que a partir de ahora, y en sustitución de su anterior letrado, será Marcos García Montes el que se haga cargo de la defensa de esta imputada, que se encuentra actualmente en prisión por un presunto delito contra la salud pública agravado del artículo 369 del Código Penal.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla rechazó por segunda vez el recurso de reforma presentado por el entonces letrado de la defensa de M.V.S.G., al entender que "el asunto es muy grave y que su puesta en libertad podría entorpecer la investigación", exponiendo además que "existen pruebas biológicas" de esta imputada en algunos de los paquetes que sustituyeron a la droga.

La juez Ana Escribano ya rechazó un primer recurso en el que se solicitaba la modificación de la situación personal de la mujer, que fue rechazado también al entender la juez que "hay indicios" y "sospechas" de la participación de esta mujer en el robo de la droga y de su colaboración tanto con Lars S.M. como con su pareja sentimental —M.A.N.—.

Hay que recordar que la juez instructora ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Lars S.M., así como de su socio, M.A.N., y de la pareja sentimental de éste, M.V.S.G., el cual fue detenido junto a su pareja en el núcleo costero de Islantilla, en Lepe (Huelva), y que carece de actividad laboral regular, pero que al poco de descubrirse el caso adquirió en este lugar una residencia de verano valorada en aproximadamente 240.000 euros.

La juez decidió decretar prisión para estos tres imputados por un presunto delito contra la salud pública agravado del artículo 369 del Código Penal, mientras que para la esposa de Lars decretó prisión eludible con el pago de una fianza de 30.000 euros por un presunto delito de blanqueo de capitales, un pago que fue satisfecho al día siguiente, según recordaron las fuentes.

Los hechos

El asunto, como se recordará, fue descubierto gracias a unos contra análisis practicados a la droga almacenada en los depósitos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, donde el 5 de junio de 2005 se descubrió que unos 150 kilogramos de cocaína y heroína empaquetada en bolsas habían sido escamoteados y sustituidos por sustancias que a simple vista se asemejaban al material robado.

Los almacenes en los que se custodiaba la droga, usados casi exclusivamente por la Udyco, estaban cerrados con llave y las sustancias fueron sustraídas paulatinamente. Los investigadores de Asuntos Internos habían centrado sus sospechas en L.S.M. dado su papel en la Udyco y su posterior solicitud de una excedencia, porque el ex agente abandonó el servicio para impulsar un negocio de compraventa de motocicletas y embarcaciones de recreo en Sevilla capital.

Hay que recordar, asimismo, que la juez ha imputado a tres responsables de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) —el jefe de la Udyco de Sevilla y los jefes de los grupos 2 y 3— por un "posible delito de encubrimiento u omisión de denunciar, al existir indicios objetivos de que habían llegado a conocer la sustracción de la droga antes de que fuera descubierta por el juzgado y no lo habían denunciado".

Favorecimiento del tráfico de drogas

En este punto, la juez instructora ha imputado al jefe de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla un presunto delito de "favorecimiento del tráfico de drogas" por parte de un clan de narcotraficantes y ha adoptado medidas cautelares como la "prohibición de salida del territorio nacional" y la comunicación al Ministerio del Interior.

Según la Fiscalía, durante esta "extensa y laboriosa investigación judicial" relacionada con la desaparición de la droga de la Comisaría de Sevilla "se tuvo conocimiento de que uno de los policías investigados pudiera estar cometiendo otro hecho delictivo: el favorecimiento del tráfico de drogas por parte de uno de los clanes" dedicados a esa actividad ilícita, "hechos que se investigan en un procedimiento penal separado".