Castaño acudió a declarar hoy jueves ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, pero en mitad de su comparecencia decidió no contestar a más preguntas al entender su letrado que "no se están salvaguardando" sus derechos procesales, todo ello tras solicitar la grabación de la declaración, aspecto éste que fue denegado por la juez instructora.

Según recoge el acta, consultada por Europa Press, en un momento de la declaración el abogado de la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo, imputada también en esta causa, formuló protesta al considerar que "mantener un diálogo con un testigo o imputado y, tras terminar el diálogo, resumir las conclusiones del mismo, no tiene amparo en la legislación procesal criminal".

Tras ello, el abogado de Castaño solicitó a la Juez Mercedes Alaya que la declaración fuera grabada en soporte audiovisual "para evitar este tipo de situaciones", una petición a la que se adhirieron el resto de letrados a excepción del que representa al PP, pero la juez denegó tal petición ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no obliga a la grabación de las declaraciones, pues la última reforma obliga a la grabación de juicios y, además, no se dispone de medios necesarios para la grabación de la presente declaración".

Protestas de los letrados

En este punto, los letrados se comprometieron a aportar los medios para las sucesivas declaraciones, mientras que el abogado de Castaño pidió la suspensión de la declaración de su representado, aunque la juez Alaya también se negó a ello "toda vez que la salvaguarda de la fidelidad de las declaraciones está amparada por la presencia y la dación de fe del secretario".

Una vez reiniciada la declaración, y con la protesta de algunos de los letrados al entender que la juez estaba preguntando a Castaño opiniones y no sobre hechos, repitiendo la misma pregunta "hasta cuatro veces", la juez cuestionó al imputado si, como dijo el interventor del Ayuntamiento y miembro de la Comisión Ejecutiva, José Miguel Braojos, fue el propio Castaño el que encomendó a María Victoria Bustamante, "de la que era usted su jefe", la elaboración del pliego de condiciones, aseverando Castaño que "no es cierto, y que ello no está recogido en ningún acta de ninguna reunión porque no es verdad".

Fue una vez contestada esta pregunta cuando su abogado le recomendó que dejara de prestar declaración, dándose por finalizada su comparecencia, no sin antes explicar que el cargo de director del Área de Vía Pública "es un cargo de asesoramiento, por lo que no tiene competencias delegadas ni es un cargo público ni es un cargo electo, y no tiene relación jerárquica con ningún funcionario del Ayuntamiento".

Así, la juez dejó constancia por escrito del resto de preguntas, cuestionando a Domingo Enrique Castaño si "considera que pudo ser Sanma, asidua participante en licitaciones públicas, la que marcara las directrices del pliego para realizarlo a la medida de su oferta", haciendo posteriormente mención a la puntuación, cuando Bustamante "manifestó que sus valoraciones fueron modificadas, de lo que se percató cuando fue a firmar su informe, y que fue el también imputado Jorge Piñero quien le dijo que si seguía ganando Sanma que lo firmara".

"mano derecha" del alcalde

Por ello, la juez cuestiona a Castaño por escrito si "no considera todo lo anterior signos inequívocos de que el concurso estaba amañado a favor de dicha entidad"; si "no es más cierto que, conociendo el perfil de Bustamante, pudiera pensar que podría ser mas accesible o manipulable y por ello la eligió para la elaboración del pliego y para realizar el informe de valoración", o "si no es más cierto que usted —Castaño—, junto a Mellet y Piñero de un lado y Sanma de otro, fueron los que idearon la forma de que esta entidad ganara el concurso".

De igual modo, cuestiona a Castaño que "explique, dentro del PSOE sevillano, qué funciones desempeñaba, y si es cierto que era la mano derecha en Mercasevilla del presidente del consejo de administración y alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, con el que mantiene una relación estrecha, según Mellet", y "si es cierto que tenía informado a Sánchez Monteseirín de todos los aspectos del concurso", y le pregunta si su incorporación en 2007 a una filial de Sando —Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este— "fue como contraprestación a los servicios prestados", cuestionándole además si Sando "le regaló una casa".