A veces el enemigo está en casa. Si resulta desagradable litigar en los juzgados, para lo que se requieren los servicios de un buen abogado, más triste es que éste se acabe aprovechando de su representado. Pero la realidad demuestra que ocurre.

La comisión deontológica del Colegio de Abogados de Valencia impone cada año una media de 85 sanciones a letrados por infringir las normas básicas que regulan la profesión. Sin ir más lejos, el balance de 2008 arroja un total de 73 casos.

Entre los motivos más frecuentes para abrir expediente a un letrado se encuentran la prestación no adecuada de los servicios contratados, la atención deficiente al cliente y los olvidos de los plazos en las reclamaciones.

Entre las menos habituales, pero que también sigue ocurriendo, se encuentra el cobro de dinero de un cliente que no se le entrega. "Aquí estamos hablando no ya de un descuido, sino de una malicia grave", apunta el decano del Colegio, Francisco Real.

Se quiebra la confianza

"También procuramos cuidar los roces entre compañeros. Por ejemplo, si estamos negociando un tema extrajudicialmente, lo que no puedo es utilizar esas conversaciones privadas entre abogados para ir al juzgado y decir que me han ofrecido algo", añade Real. En su opinión, esto "quiebra toda confianza y todo principio, y haría inviable lo que debe ser primordial para el abogado: intentar no llegar al juzgado".

La ruptura de ese clima de confianza puede socavar las bases de la propia profesión, y de ahí el interés del colectivo por atajar estos comportamientos. "Si ese clima se rompe utilizando conversaciones o correos privados, eso es totalmente reprobable y hay que perseguirlo", indica.

"Hacemos autocrítica"

El colectivo de los abogados valencianos es el más interesado en separar a las ovejas negras para que no se apunte a todos cuando hay problemas. "Pensamos que hay determinadas formas de ser y de actuar que se deben cuidar; desde nuestro punto de vista, es esencial la deontología profesional", explica a 20minutos.es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Francisco Real.

En su opinión, el volumen de sanciones que se imponen cada año "denota que practicamos la autocrítica. En aquellos supuestos en los que vemos que un abogado actúa incorrectamente, de acuerdo con las normas, la imponemos", añade. Para Real, se debe ser especialmente cuidadoso, "máxime cuando estamos tutelando los derechos de terceras personas".