Usuarios de la ayuda a domicilio (2.407 en la capital) de teleasistencia (2.932) y de otros servicios sociales como limpieza, canguros o catering deberán pagar más el próximo año –el triple, el quíntuple y hasta un 2.000%, según el caso– si quieren recibir la prestación al cambiar la normativa.

Los dependientes han recibido, de manos de los trabajadores sociales, la carta de la Concejalía de Acción Social en la que se les da un plazo de diez días para que acepten los precios o, si no, se les dará de baja el 31 de diciembre.

PSOE e IU criticaron duramente esta subida, que calificaron de abusiva y desproporcionada.

Por ejemplo, una anciana de 87 años que paga ahora 34 euros al mes por los servicios de teleasistencia y canguros tendrá que abonar 101 euros. La ayuda a domicilio de un matrimonio prejubilado pasa de 72 a 330 euros. O una persona con una pensión inferior a mil euros que desembolsará 223 euros más.

Todo ello, censuraron PSOE e IU, sin que se hayan aprobado oficialmente los precios. «Asustan a los usuarios a ver si hay suerte y no renuevan el servicio», dijo la socialista Maite Carbajo.

El portavoz de IU, Alfonso Sánchez, pidió a las familias que reclamen, «es una injusticia que no puede quedar en un malestar individual».

La concejala de Acción Social, Rosa Hernández, aseguró que la subida es consecuencia del copago que fija  la Ley de Dependencia y la decisión de los ayuntamientos y la Junta de «homologar» los precios y servicios en Castilla y León.

«Por la aplicación de la ley nos encontramos en esta situación», dijo, tras puntualizar que el servicio es gratuito para lo que cobran menos que el Iprem.

«A mi padre se lo suben casi un 2.000% al pasar de 3  a 61,4 euros, cuando tiene una pensión de 561 euros. La comunidad acaba de rehabilitar todo el edificio y hay que pagar un nuevo ascensor. Si no lo firmas te dan de baja en el servicio. Encima utilizan un paje mensajero para comunicarlo. Me río yo de la Ley de Dependencia. Le valoraron hace dos años y aún nos sabemos nada».