Conducir bajo los efectos del alcohol o pisar más de la cuenta el acelerador han pasado de considerarse faltas administrativas a delitos con  la última reforma del Código Penal. Desde entonces, hace casi un año, la provincia de Valencia acumula más de 7.500 condenas a trabajos en beneficio de la comunidad por este motivo.

Los datos de los Servicios Sociales Penitenciarios, que gestionan la ejecución de estas sentencias, reflejan hasta septiembre un total de 9.982 condenas. El 75% son por conducción alcohólica, exceso de velocidad o conducir sin carné una vez se ha retirado, según indica el director del Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión de Picassent, Santiago Leganés.

El perfil del condenado por estos supuestos es el de una persona normalizada, no el típico delincuente. Tiene familia, trabajo y carece de antecedentes, lo que hace que muchos jueces no se atrevan a enviarlos a prisión y opten por condenarlos a trabajos en beneficio de la comunidad.

De este modo, acaban realizando tareas de limpieza urbana en un ayuntamiento, mantenimiento de parques, playas y bosques, o incluso en una ONG de ayuda a discapacitados, mayores o enfermos. Otro tipo de condenas que se está poniendo de moda es la asistencia a talleres de sensibilización en seguridad vial, donde hay psicólogos y trabajadores sociales que orientan para evitar que reincidan.

Plan de choque

Desde los Servicios Sociales Penitenciarios temen que las condenas por seguridad vial vayan a más. Ante la avalancha de procedimientos de este año, la dirección provincial de Valencia ha contratado a cuatro trabajadores sociales y cuatro administrativos más para sacar adelante 2.000 sentencias pendientes de ejecución en cinco meses.

"Si no se cumple, acabas en prisión"

El director del CIS de Valencia, Santiago Leganés, alerta de que conducir ebrio es un delito "que puede cometer cualquiera. Tenemos condenas a profesores universitarios, médicos, albañiles o camioneros", explica. "La gente debe saber que la pena a trabajos sociales existe y, si no se cumple, acabas en la cárcel por quebrantamiento de condena". Leganés pide a ayuntamientos y ONG que se impliquen más en ofrecer programas de ayuda y asegura que  el proceso judicial y la condena "intimidan a quien nunca ha cometido un delito".