Los tres sospechosos fueron abatidos tras abrir fuego contra la policía, que registraba una favela en el norte de la ciudad para dar con el paradero de personas relacionadas con el tiroteo que derribó un helicóptero de la policía el sábado, según indicó el portavoz policial Oderlei Santos.

Las autoridades estatales han movilizado a miles de agentes para asegurar la ciudad y buscar a los narcotraficantes que causaron la caída del aparato, en la que perdieron la vida tres policías.

Desde que comenzaron los enfrentamientos en la madrugada del sábado han muerto 23 presuntos miembros de grupos de narcotraficantes y tres víctimas inocentes del fuego cruzado entre bandas rivales.

Los últimos actos de violencia han ensombrecido la imagen de Río de Janeiro sólo pocas semanas después de que fuera elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

La imagen de un supuesto narcotraficante muerto dejado en un camino dentro de un carro de supermercado apareció el miércoles en periódicos brasileños e internacionales, en fuerte contraste con las escenas de alegría en la playa de Copacabana que fueron emitidas a todo el mundo este mes cuando Río fue elegida como sede olímpica.

MÁS OPERACIONES

Santos afirmó que el miércoles se realizaban otras operaciones en la ciudad de seis millones de habitantes, donde se había registrado al menos un tiroteo entre policías y hombres armados.

Los habitantes de una favela cercana al lugar donde cayó el helicóptero abandonaron sus hogares el martes en la noche y temían regresar debido a los rumores de que una banda de otra favela planeaba una invasión.

'Todos tienen miedo de volver a sus casas, es mejor permanecer en la calle', dijo a la prensa un residente que solicitó anonimato.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ofrecido al estado de Río de Janeiro unos 40 millones de euros para los próximos seis meses para ayudar a combatir la violencia.

La policía de Río responde a menudo con brutalidad a las bandas de narcotraficantes, hiriendo y matando a residentes inocentes como resultado de tácticas que han sido condenadas reiteradamente por grupos de derechos humanos.

El año pasado, la policía mató a más de 1.100 sospechosos de los que se dijo que 'se resistieron al arresto'. Con frecuencia se describe a los residentes muertos en redadas policiales como sospechosos de ser criminales, sin que se realicen investigaciones para respaldar esas afirmaciones.