Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) intentarán llegar a un acuerdo, entre mañana y el martes, en Luxemburgo, sobre la implantación de un "carné por puntos" a la hora de sancionar a los pescadores o a los patrones de los barcos.

El Consejo de ministros comunitario, que comienza mañana, tratará de consensuar una normativa para reformar considerablemente las reglas de control y las multas por infracciones en pesca. Uno de sus aspectos más novedosos es la introducción de un "carné por puntos" similar al que existe para el tráfico por carretera en España, aunque funcionaría al revés: el pescador acumula tantos si incumple las leyes y una vez sumados pueden suponer la retirada de la licencia.

La normativa propuesta por la Comisión Europea (CE) también prevé la armonización en la UE de las multas por infracciones pesqueras graves, para que oscilen entre un mínimo de 5.000 y un máximo de 300.000 euros. Asistirá al Consejo la ministra española del Medioambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Los Veintisiete mantendrán mañana una negociación intensa sobre el modo y el momento en que entrarán en vigor el "carné por puntos", al igual que otros cambios en el control pesquero, puesto que en la actualidad muchos países ponen pegas a las propuestas que ha presentado Bruselas, según fuentes diplomáticas.

Por su parte, España tiene una actitud favorable y en general, apoya la nueva regulación. Bruselas propuso fijar un número de puntos para infracciones específicas y cada vez que un barco las cometa, se le sumarán tantos a su "carné" y aparecerán en un registro nacional del país donde esté abanderado el navío.

Según el proyecto, si en un plazo de tres años un país acumula una puntuación determinada, se le quita la licencia de pesca tres meses; si pasado el tiempo de suspensión vuelve a rebasar los puntos, entonces se le retira el permiso un año.

Si se repiten las reincidencias, la CE plantea la supresión definitiva de la licencia. Uno de los aspectos abiertos es el momento en que entraría en vigor dicho sistema, porque la Comisión propuso 2010, pero España y otros países piden un plazo transitorio, para poder adaptar su legislación. Para España, sería conveniente que su aplicación empezara en 2011.