El alcalde de La Línea será juzgado por un presunto delito de prevaricación

  • Juan Carlos Juárez (PP) será juzgado junto a otros cuatro acusados.
  • Por contratar personal por unas razones de urgencia no acreditadas.
  • Tampoco fue convocada una oferta pública de empleo.

El juzgado de primera instancia número 3 de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha emitido un auto que acuerda la celebración de un juicio oral contra el alcalde del municipio, Juan Carlos Juárez (PP), por un presunto delito de prevaricación.

El auto responde a una denuncia planteada por el PSOE local sobre unas supuestas contrataciones de personal municipal realizadas entre 1999 y 2000 "tomando como fundamento la concurrencia de unas circunstancias de necesidad y urgencia que no aparecen acreditadas".

El escrito presentado por los socialistas el pasado mes de julio indicaba que para las contrataciones "no se llevó a cabo una oferta de empleo público legalmente exigida".

Además de Juárez, también son objeto de denuncia el teniente de alcalde Manuel Aguilera (PP), el jefe de personal, Vicente Lara, y los trabajadores municipales Gabriel García y Alfonso González, que fue concejal en el mandato anterior.

Inhabilitación especial

El fiscal pide para los demandados inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público durante 10 años por "un delito continuado de prevaricación". La acusación particular sostiene que los imputados han cometido delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos y contra los derechos fundamentales.

El PSOE pide para Juárez y Aguilera 10 años de inhabilitación por prevaricación, seis años de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años por la presunta malversación y cuatro años de inhabilitación especial por la vulneración de derechos fundamentales.

La acusación particular pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y cuatro de inhabilitación por delito contra los derechos fundamentales para los demás acusados.  La acusación también solicita que los acusados abonen 60.000 euros al Ayuntamiento por responsabilidad civil.

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